El Gobierno y los sindicatos inician hoy la negociación del Salario Mínimo para

El Ministerio de Trabajo convoca hoy en Madrid la primera reunión de la mesa del diálogo social para fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2027, un encuentro que marca el arranque formal de la negociación salarial más relevante del año. La reunión, celebrada en la sede del ministerio, enfrenta las posturas del Gobierno y los sindicatos mayoritarios —CCOO y UGT— con la prudencia que muestra la patronal CEOE ante un contexto inflacionista que, aunquecontrolado, sigue condicionando los márgenes empresariales. El objetivo principal ejecutivo es consolidar el SMI como referencia de la estructura salarial española, acercándolo al 60% del salario medio, un hito que se antoja complejo para el año que viene.

El camino hacia el 60% del salario medio

La estrategia del Ejecutivo para este ciclo negociador se sustenta en la evidencia estadística reciente. Los indicadores de rentabilidad y costes laborales manejan un horizonte en el que el salario mínimo español todavía se sitúa por debajo del umbral del 60% del salario medio, un objetivo marcado por la Carta Social Europea y reiterado por Bruselas en sus últimos informes de recommandación. Actualmente, la distancia porcentual supera los cinco puntos, lo que implica una necesidad de crecimiento nominal superior a la inflació prevista para cerrar la brecha. Las previsiones macroeconómicas del Banco de España sitúan la tasa de inflació subyacente rondando el 2% a finales de 2026, lo que condiciona el margen de maniobra para una subida que no dispare los precios de consumo. Los sindicatos presentaron el pasado mes de mayo un informe independiente en el que cifraban ese objetivo en una cuantía superior a los 1.200 euros mensuales en catorce pagas, aunque la cifra definitiva dependerá de la evolución del IPC en los próximos meses.

La resistencia de la CEOE ante los costes laborales

La representación empresarial llega a esta cita con un mensaje de alerta sobre la competitividad de las pymes, que concentran la mayor parte del tejido productivo español. Desde la organización patronal se argumenta que los incrementos continuados del SMI en los últimos años han absorbido gran parte de la capacidad de negociación en los convenios colectivos, provocando un efecto de compresión salarial en los tramos medios. Los datos de la Encuesta de Coste Laboral del INE reflejan que el coste laboral por hora trabajada creció a un ritmo moderado durante 2025, pero los sectores intensivos en mano de obra, como la hostelería o el comercio, denuncian dificultades para asumir nuevas cargas sin afectar al empleo. La CEOE defiende en su proposta vincular cualquier incremento a mejoras en la productividad y a la formación de los trabajadores, desestimando subidas automáticas indexadas únicamente a la inflació.

Datos estructurales del mercado de trabajo

Más allá de la mesa de negociación, las estadísticas laborales de 2024, publicadas definitivamente a finales del año pasado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revelan una realidad estructural que condiciona el debate. El salario medio anual en España se situó en torno a los 24.400 euros brutos, una cifra que arrastra una tradicional dispersión geográfica y sectorial. Comunidades autónomas como Madrid o País Vasco mantienen salarios medios que superan en más de 4.000 euros a la media nacional, mientras que Extremadura o Andalucía permanecen por debajo de dicha línea. Esta asimetría obliga a los negociadores a considerar el impacto territorial del SMI, ya que una subida uniforme afecta de manera desproporcionada a las economías de menor renta, donde el peso del salario mínimo en la masa salarial total es significativamente mayor.

La historia reciente de las negociaciones salariales en España estuvo marcada por una década de congelación tras la reforma laboral de 2012, un periodo que mantuvo el SMI en los 645 euros hasta 2017. Este estancamiento provocó una desvalorización acumulada del poder adquisitivo de los trabajadores que las reformas de los gobiernos posteriores han intentado revertir mediante subidas por decreto y pactos anuales. La recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis financiera y la pandemia constituye el eje argumental de las organizaciones sindicales en esta nueva ronda, que se presenta como la culminación del ciclo de reequilibrio.

El calendario marca los tiempos para este litigio económico. Las partes tienen previsto celebrar varias reuniones técnicas a lo largo de junio y julio, con el objetivo de alcanzar un preacuerdo antes del parón estival. Si se logra el consenso, la subida podría plasmarse a través de una modificación del Real Decreto que regula el SMI antes de final de año o, en su defecto, mediante la inclusión de la cifra en los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Si no hubiera acuerdo, el Gobierno tendría la potestad de fijar la cuantía por decreto, una opción que el Ejecutivo intenta evitar para preservar el clima de diálogo social en un año pre-electoral.