Albares propone sanciones a Estados miembros que vulneren los valores de la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, propuso este martes en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados la activación de sanciones contra los Estados miembros de la Unión Europea que vulneren de forma reiterada los valores fundamentales del bloque, como el Estado de Derecho y la independencia judicial. La declaración, que no iba acompañada de un borrador legislativo concreto, supone un giro en la tradicional prudencia de España en los debates sobre la condicionalidad europea. Albares no mencionó explícitamente a ningún país, pero el mensaje se interpreta en el contexto de las tensiones abiertas con Hungría y Polonia.

Un mecanismo existente, pero nunca activado

El instrumento que Albares ha puesto sobre la mesa es el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, un mecanismo diseñado para suspender derechos de voto y otras prerrogativas de un socio comunitario cuando se constata un “riesgo claro de violación grave” de los valores recogidos en el artículo 2 del mismo tratado. Fue introducido tras la ampliación de 2004 para evitar que los nuevos miembros retrocedieran en democracia. Sin embargo, en veinte años de vigencia, la Comisión Europea solo lo ha invocado contra Polonia (2017) y Hungría (2018). En ambos casos el proceso quedó estancado porque la activación del artículo 7 exige una mayoría cualificada de cuatro quintos del Consejo, y los gobiernos de Varsovia y Budapest han bloqueado cualquier avance con el apoyo tácito de otros socios. Albares no detalló si España respaldaría esa vía para casos futuros o si busca reformar el proceso para hacerlo más ágil.

El contexto es propicio: la Comisión Europea ha reforzado en los últimos años los mecanismos de condicionalidad presupuestaria, vinculando los fondos de recuperación al respeto del Estado de Derecho. España, con la presidencia rotatoria del Consejo de la UE aún reciente (segundo semestre de 2023), conoce de primera mano la dificultad de aplicar sanciones que requieren unanimidad o mayorías muy amplias. La propuesta de Albares llega semanas después de que el Parlamento Europeo aprobara un informe crítico sobre la situación de la libertad de prensa en Eslovaquia, otro país señalado por los comisarios europeos.

El coste político de señalar a Varsovia y Budapest

Apostar por el artículo 7 no es una decisión menor para un gobierno que mantiene relaciones comerciales significativas con Polonia y Hungría, y que necesita el apoyo de ambos países en expedientes clave, como la reforma del mercado eléctrico o la política migratoria. Albares trató de desvincular la iniciativa de cualquier ajuste de cuentas bilateral: el foco, afirmó ante los diputados, está en “defender el proyecto común”. Pero la oposición no tardó en recordar al ministro que el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido objeto de críticas desde Bruselas por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada durante más de cinco años y que todavía colea en los tribunales europeos. Fuentes parlamentarias señalan que la propuesta podría reabrir el debate sobre si España está en condiciones de erigirse en paladín de la ortodoxia judicial cuando arrastra su propio expediente de incumplimiento.

La iniciativa de Albares se inscribe además en un escenario en el que la UE debate un nuevo pacto sobre el Estado de Derecho que refuerce los instrumentos preventivos antes de llegar a las sanciones. Varios Estados miembros, entre ellos los Países Bajos y Dinamarca, han presionado para que la Comisión pueda retener fondos de manera automática cuando se detecten deficiencias sistémicas. España, con esta propuesta, se alinea con esa corriente, pero lo hace sin presentar aún un texto articulado. El cálculo diplomático es que el anuncio genera presión sobre los gobiernos de Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki justo cuando se negocia el próximo marco financiero plurianual, que entrará en vigor en 2027.

Los próximos pasos en el Consejo y el Parlamento Europeo

La propuesta de Albares no vincula al Consejo de la UE, pero fija la posición de España de cara a la reunión informal de ministros de Exteriores prevista para finales de agosto en Budapest, precisamente bajo presidencia húngara. La coincidencia no es casual: el semestre de Hungría al frente del Consejo, que comenzó el 1 de julio, ya ha generado controversia por los mensajes de Orbán sobre la guerra en Ucrania y su acercamiento a Moscú. España lleva al foro una propuesta incómoda para el anfitrión. El siguiente paso formal sería la presentación de una iniciativa legislativa, que el Gobierno español podría vehicular a través del Parlamento Europeo, donde el Partido Popular Europeo y los socialistas tienen mayoría y han pedido en repetidas ocasiones endurecer los mecanismos sancionadores. Sin embargo, lograr la mayoría requerida para activar el artículo 7 parece improbable a corto plazo, dado que Polonia y Hungría cuentan con el respaldo de Eslovaquia y, ocasionalmente, de Eslovenia.

Albares no ofreció un calendario ni una propuesta concreta de sanciones. El tono de su intervención fue el de una declaración de principios, más que el de un plan operativo. La credibilidad de la iniciativa dependerá de si España consigue sumar a otros grandes socios, como Francia o Alemania, que hasta ahora han preferido la negociación bilateral a la confrontación abierta. Berlín, por ejemplo, ha evitado respaldar sanciones directas contra Polonia por el conflicto de la mina de carbón de Turów, resuelto finalmente con un acuerdo financiero. La apuesta de Albares se juega, en buena medida, en la capacidad de Madrid para articular una coalición de países dispuestos a dar el paso.