Albares propone sancionar a Estados miembros que vulneren los valores de la UE

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Cataluña, defendió el pasado miércoles en el Parlamento europeo la aplicación de sanciones contra cualquier Estado miembro que vulnerara los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el Tratado de Lisboa.

La declaración se produjo durante una sesión de trabajo del Comité de Asuntos Constitucionales en Bruselas, donde Aragonès subrayó que la tolerancia cero ante violaciones de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos es imprescindible para evitar la erosión de la propia Unión.

Fundamento jurídico y precedentes de la UE

El artículo 7 del Tratado de Lisboa permite, tras unanimidad, la imposición de sanciones a un Estado miembro que incurra en graves y persistentes violaciones de los valores de la UE. La última activación del mecanismo se dio en 2020, cuando Polonia y Hungría fueron objeto de procedimientos de infracción por debilitar la independencia judicial. En 2023 el Consejo Europeo aprobó, sin unanimidad, la suspensión de fondos estructurales a Polonia, aunque la medida quedó bloqueada por la abstención de varios países.

Según el Informe de la Comisión Europea de 2025 sobre el Estado de Derecho, el 27% de los fondos de cohesión destinados a la UE podrían quedar en riesgo si no se refuerzan los mecanismos de cumplimiento. El propio Europarlamento, en votación de febrero de 2025, respaldó una propuesta de la Comisión para crear un “fondo de garantía de valores” financiado con 2.000 millones de euros anuales.

Reacción de los gobiernos implicados

Polonia, representada por el ministro de Justicia Zbigniew Ziobro, calificó la postura de Aragonès como una “intervención política sin base jurídica”. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán reiteró que el concepto de sanción es “una amenaza a la soberanía nacional”. Ambos gobiernos han convocado a sus parlamentos para aprobar leyes que limitarían la ejecución de decisiones europeas en materias judiciales.

En contraste, países del norte de Europa –Suecia, Finlandia y los Países Bajos– manifestaron su apoyo a la iniciativa del catalán, argumentando que la falta de medidas concretas ha embotado la credibilidad del bloque. El ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, recordó que la UE había perdido alrededor de 4.800 millones de euros en inversiones privadas en 2024, una caída vinculada, según la OECD, a la percepción de inestabilidad institucional.

Implicaciones económicas y políticas para la UE

Un estudio del Banco Central Europeo (BCE) publicado en junio de 2025 estimó que cada 1% de pérdida de confianza en el Estado de Derecho provocaba una disminución del 0,3% en la inversión extranjera directa dentro del bloque. Aplicar sanciones podría, por tanto, revertir una tendencia que ha visto una caída del 6% en la captación de capitales externos entre 2022 y 2024.

Sin embargo, los defensores de la medida sostienen que la señal de firmeza fortalecería la integración política y evitaría la fragmentación. En un debate en la Universidad de Salamanca, la politóloga María del Mar Gómez (catedrática de Derecho Constitucional) señaló que “la falta de consecuencias claras ya ha generado un clima de impunidad que debilita la propia idea de unidad europea”.

El propio Parlamento Europeo, en una resolución de marzo de 2025, pidió al Consejo que estableciera un calendario específico para activar el artículo 7, con plazos de 12 meses para observación y 6 meses para decisión final. La propuesta aún necesita la ratificación de todos los Estados miembros.

Mientras tanto, el Gobierno español, a través del ministro de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, manifestó su disposición a “trabajar conjuntamente con los países que compartan la visión de un bloque sólido y respetuoso de los derechos fundamentales”. Albares subrayó que España ha destinado más de 900 millones de euros en proyectos apoyados por el Fondo de Solidaridad de la UE desde 2020.

El debate se inserta en un contexto de creciente tensión entre la UE y gobiernos nacionalistas, cuya agenda incluye reformas judiciales que, según la Comisión Europea, erosionan las garantías procesales. La importancia de la discusión radica en que, de no llegar a un acuerdo, la falta de sanciones efectivas podría traducirse en una mayor polarización interna y en la pérdida de credibilidad frente a socios internacionales.

El próximo paso será la reunión del Consejo Europeo prevista para el 30 de junio de 2026, donde se debatirá la adopción del fondo de garantía y la posible activación del artículo 7 contra Polonia y Hungría. La decisión final dependerá del consenso de los 27 Estados, cuyo voto unánime es requisito indispensable para la imposición de cualquier medida coercitiva.