La Audiencia Nacional liquida la deuda de Juan Carlos Peinado por el caso Gürtel

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional ha notificado esta semana el cierre definitivo de la fase de ejecución de bienes de Juan Carlos Peinado, exnúmero dos de la trama Gürtel y antiguo mano derecha de Francisco Correa. La resolución judicial, fechada el pasado 10 de junio y hecha pública ayer, certifica que el embargo de activos inmobiliarios en la Comunidad de Madrid ha cubierto la totalidad de la responsabilidad civil derivada del caso 'Kitchen', saldando así la deuda con la Hacienda pública tras八年 de procedimientos técnicos. Este acto administrativo pone punto y final a la ruta del dinero rastreado desde la contabilidad paralela del Partido Popular en los municipios madrileños.

El "cuarto de contabilidad" en Boadilla del Monte

Juan Carlos Peinado asumió el rol de operador financiero clave en el desvío de fondos públicos, gestionando los sobornos que la red Gürtel pagaba a cambio de la adjudicación de contratos en municipios como Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón. La fiscalía demostró durante el juicio que Peinado no solo transportaba el dinero en efectivo, sino que supervisaba la logística del denominado "cuarto de contabilidad", un despacho situado en la Avenida de Europa de Boadilla que funcionaba como centro neurálgico de la contabilidad B.

Las investigaciones del entonces juez instructor Pablo Ruz revelaron que a través de esta oficina pasaron comisiones ilegales por valor de varios millones de euros entre 2000 y 2005. El Tribunal de Cuentas cuantificó en más de 7,5 millones de euros el perjuicio causado a las arcas públicas por las irregularidades ejecutadas bajo la supervisión de Peinado, quien actuaba como tesorero de la asociación Nuevo Futuro, la tapadera legal utilizada para simular facturas y contratos de servicios que jamás se prestaron.

De la conformidad al embargo de activos

Aunque Peinado se acogió a la conformidad durante la vista del juicio oral en 2018, una decisión que le permitió beneficiarse de una reducción sustancial de la pena de prisión —finalmente condenado a cuatro años—, el pago de la responsabilidad civil ha sido un proceso dilatado en el tiempo. La normativa procesal española exige el resarcimiento íntegro del daño causado al erario, una obligación que persiste independientemente de la salida del reo del centro penitenciario tras el cumplimiento de su condena.

Hasta la fecha, los bienes embargados al excolaborador de Correa no habían cubierto el importe total reclamado por la Abogacía del Estado. La ejecución de la deuda se ha enfrentado a la complejidad de rastrear patrimonios opacos y a la prelación de otros créditos sobre las propiedades del acusado. La Audiencia Nacional ha tenido que enajenar tres inmuebles vinculados a su red familiar, situados en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid, para liquidar la cifra pendiente, que ascendía a 1,2 millones de euros según el auto de esta semana.

La récupación de fondos para las arcas públicas

El cierre administrativo de la ejecución implica que la Agencia Tributaria procederá inmediatamente a la distribución de los fondos recuperados. Este reintegro no volverá a las cuentas generales del Estado, sino que se distribuirá proporcionalmente entre las administraciones públicas perjudicadas que se personaron como acusación particular en el caso Gürtel. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PSOE tras décadas de mandato popular, y la Comunidad de Madrid son los principales perceptores de esta inyección de liquidez.

Este proceso judicial se enmarca en la limpieza de los restos del 'caso Gürtel', una sentencia histórica de 2018 que condenó a la estructura del Partido Popular como partícipe a título lucrativo. La figura de Peinado resultó crucial para la fiscalía, pues sus declaraciones ayudaron a desmontar la arquitectura financiera diseñada por Francisco Correa, aunque su tardía confesión no evitó que tuviera que facing las consecuencias económicas de su gestión durante más de una década.

Con esta liquidación, se cierra uno de los capítulos económico-penales más relevantes de la última década en España. El próximo paso legal涉及 la ejecución de responsabilidades civiles restantes de otros condenados de menor relevancia en la trama, aunque el grueso de la recuperación de activos millonarios se considera ya concluido tras la resolución definitiva sobre el antiguo tesorero de la 'cocina'.