Los desalojos en España alcanzan su nivel más alto en la última década

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana informó que, en 2025, se ejecutaron 22 846 desalojos judiciales en España, elevándose un 4,3 % respecto al año anterior.

Este repunte rompe con la tendencia a la baja que se mantuvo entre 2015 y 2019, cuando los procedimientos rondaban los 15 000 al año, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tras la crisis financiera de 2008, el Gobierno aprobó la Ley de Vivienda de 2013, cuyo objetivo era equilibrar la oferta y la demanda. Sin embargo, la reforma de 2022 introdujo cláusulas de limitación de rentas que, aunque protegieron a algunos inquilinos, también redujeron la rentabilidad de los arrendadores, generando tensiones en el mercado y, en algunos casos, provocando incumplimientos de pago.

Cifras de desalojos 2020‑2025 y distribución regional

Entre 2020 y 2025, el número medio anual de desalojos pasó de 15 200 a 21 400, lo que representa un incremento del 40 % en cinco años, según datos consolidados de la Oficina de Estadística Judicial. Las comunidades autónomas de Madrid y Andalucía concentran el 60 % de los procedimientos, con 7 300 y 6 500 casos respectivamente, mientras que Cataluña y la Comunidad Valenciana suman otro 25 %.

En la capital, los juzgados de primera instancia registraron 1 850 desalojos en 2025, cifra que superó en un 12 % a la de 2024. En Andalucía, los tribunales de Sevilla y Málaga fueron los que más ejecutaron órdenes, reflejando la presión del mercado de alquiler en zonas turísticas.

Principales causas del repunte de los desalojos

El retraso en la entrega de ayudas de vivienda al alquiler, previstas en el Plan Estatal de Vivienda 2025‑2029, ha dejado a miles de familias sin recursos para hacer frente a los pagos. Además, la subida del IPC al 7,2 % en 2025 encareció los precios de la energía y los alimentos, reduciendo la capacidad de pago de los arrendatarios.

Los propietarios también han recalcado que la morosidad creciente —que alcanzó el 9,3 % en 2025 según la Asociación de Propietarios de España (APRO)— les obliga a iniciar procesos de ejecución para evitar pérdidas. En muchos casos, la falta de mediación efectiva entre inquilinos y arrendadores acelera la vía judicial.

Respuestas institucionales y próximos cambios legislativos

El Defensor del Pueblo ha señalado la necesidad de reforzar los servicios de mediación y de crear un fondo de garantía para inquilinos vulnerables. En su informe de junio de 2025, la autoridad recomendó la aprobación de la reforma de la Ley de Vivienda prevista para el primer trimestre de 2026.

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, anunció que el proyecto de ley incluirá la extensión del plazo de pago de rentas durante situaciones de desempleo prolongado y la ampliación de la moratoria de desahucios por causas sanitarias. La cámara baja debatirá la iniciativa en el próximo mes de noviembre.

Mientras tanto, organizaciones civiles como Plataforma de Afectados por Desahucios han convocado una serie de manifestaciones en Barcelona, Madrid y Valencia para exigir la aplicación inmediata de las medidas de protección. La evolución de los desalojos dependerá de la rapidez con que se aprueben las reformas y de la capacidad de los ayuntamientos para financiar programas de apoyo social.

En los tribunales, se espera que la nueva normativa reduzca la carga de casos en un 15 % para 2027, siempre que el Congreso apruebe la reforma antes de finalizar 2026. La decisión final recaerá en el Consejo de Ministros, que programará la votación en la próxima sesión plenaria.