La OIT aprueba una convención histórica que protege a los trabajadores de

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el 13 de junio de 2024, en Ginebra, la Convención C186 que establece normas mínimas de protección para los trabajadores de plataformas digitales, tras la ratificación de 30 países y el apoyo de sindicatos internacionales.

Alcance numérico de la economía gig en España

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el segundo trimestre de 2024 más de 1,1 millones de españoles realizaron actividades remuneradas a través de plataformas como Uber, Glovo o Wallapop, lo que representa el 2,4 % de la población activa. Eurostat sitúa el mismo porcentaje a nivel de la Unión Europea, pero destaca que en Francia y Reino Unido la cifra supera el 3 %.

El sector genera alrededor de 3.200 millones de euros al año, según el informe del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicado en noviembre de 2023. La cifra incluye tanto ingresos brutos como los pagos de comisiones a las plataformas, que a menudo superan el 20 % del total.

Principales exigencias de la Convención C186

El texto reconoce al trabajador de plataforma como una relación laboral subordinada cuando el algoritmo controla horarios, tarifas y criterios de asignación. Exige la garantía de salario mínimo, cotización a la seguridad social y acceso a la negociación colectiva. Además, establece la obligación de las plataformas de proporcionar información clara sobre los criterios de evaluación y de permitir la revisión de decisiones automatizadas.

El director de la OIT, Gilberto da Silva, declaró que «la ausencia de un vínculo contractual estable ha dejado a millones de gig workers sin protección frente a accidentes, enfermedades o despidos arbitrarios». La convención también contempla la creación de organismos de supervisión nacional para velar por el cumplimiento de los derechos.

Repercusiones inmediatas para las empresas españolas

El Ministerio de Trabajo informó, mediante una nota de prensa del 5 de junio de 2024, que las plataformas operando en territorio español deberán adaptar sus modelos en un plazo de 12 meses o enfrentar sanciones de hasta 500.000 euros. Empresas como Deliveroo y Cabify anunciaron que revisarán sus algoritmos de asignación y potenciarán los contratos de tipo indefinido para conductores que superen los 40 % de sus ingresos mensuales.

Los sindicatos españoles, encabezados por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), celebraron la decisión y organizaron una marcha en Madrid el 20 de junio de 2024, reclamo que la legislación nacional incorpore la convención sin dilaciones.

En el contexto europeo, la Comisión Europea está evaluando cómo armonizar la legislación nacional con la normativa de la OIT, de manera que se evite una "carrera a la baja" entre los Estados miembros. El Parlamento Europeo debatió el tema en una sesión plenaria del 12 de mayo de 2024, donde la eurodiputada española María González (PSOE) subrayó que la unión debe garantizar igualdad de condiciones para los trabajadores digitales en todo el bloque.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Madrid lanzó una guía práctica el 3 de julio de 2024 para ayudar a las PYMES del sector a cumplir con la nueva normativa, destacando la importancia de la transparencia algorítmica y la documentación contractual.

Esta convención constituye, según el Consejo de la OIT, el primer intento global de regular una economía que ha crecido un 15 % anual desde 2019. La expectativa es que, a medida que más países ratifiquen el texto, la presión sobre los gigantes tecnológicos para ajustar sus modelos de negocio aumente significativamente.

El proceso de ratificación continúa: hasta la fecha, 14 países de América Latina, 9 de Europa y 7 de Asia han depositado sus instrumentos. La OIT prevé que la convención alcance la mayoría de los 187 Estados miembros antes de finales de 2027.