Juntos por el Perú inicia colecta para impugnar actas favorables a Keiko

Juntos por el Perú, el partido político liderado por Roberto Sánchez, ha lanzado una convocatoria pública para recaudar fondos destinados a cubrir los costos legales de la impugnación de actas electorales que beneficiaron a Keiko Fujimori en las elecciones generales de 2021. La agrupación busca así hacer frente a la deuda millonaria contraída con el Estado peruano tras las acciones legales emprendidas para anular mesas de sufragio durante el proceso de segunda vuelta, un escenario que mantiene vigente la tensión política en el país andino cinco años después de los comicios.

La directiva de la organización ha difundido cuentas bancarias y códigos QR para recibir donaciones, argumentando que la subsistencia del partido depende de la capacidad para pagar los pasivos generados por las denuncias presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La situación se ha vuelto crítica tras las sucesivas resoluciones del organismo electoral que sancionaron a diversas fuerzas políticas por presentar solicitudes de nulidad (conocidas popularmente como 'tachas') sin sustento probatorio suficiente.

La deuda acumulada por las 'tachas' electorales

El origen del conflicto financiero se remonta a la agresiva estrategia legal desplegada durante el recuento de votos de 2021. Juntos por el Perú interpuso recursos de nulidad contra mesas ubicadas en zonas clave donde Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, obtuvo ventajas significativas. Sin embargo, el JNE desestimó la mayoría de这些 pedidos y, en aplicación de la normativa vigente, impuso multas económicas por cada impugnación rechazada.

Las sanciones se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y, con el acumulado de intereses moratorios desde la fecha de la infracción hasta la actualidad, la cifra total supera los cinco millones de soles (más de 1,2 millones de euros al cambio actual). El Tesoro de la Nación ha iniciado cobranzas coactivas que podrían derivar en la liquidación del partido si no se regulariza la situación financiera en los próximos meses, privando a la agrupación de su personería jurídica.

La operativa de recaudación a través de billeteras digitales

Para enfrentar este embargo inminente, Roberto Sánchez ha recurrido a una estrategia de crowdfunding que rompe con los métodos tradicionales de financiamiento político en Perú. La campaña se centra en el uso de aplicaciones de dinero móvil como Yape y Plin, herramientas muy populares entre la población peruana para transacciones de bajo monto, democratizando así el aporte económico.

A través de las redes sociales oficiales, el partido publica diariamente los avances de la recaudación y los comprobantes de pago a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La respuesta, aunque lenta, ha permitido reducir una fracción de la deuda capital en las últimas semanas. Los dirigentes sostienen que esta colecta no es solo una necesidad administrativa, sino un acto de defensa política contra lo que consideran un sesgo en la penalización de las estrategias de defensa electoral.

El riesgo de disolución y el mapa político de 2026

El contexto de esta recaudación es especialmente sensible debido al calendario electoral peruano. Aunque las elecciones generales de abril de 2026 ya han concluido, las organizaciones políticas mantienen su estructura para futuras contiendas municipales o regionales. La desaparición de Juntos por el Perú alteraría el equilibrio de una izquierda que ya ha sufrido fragmentaciones y derrotas electorales recientes en el congreso.

El jurisconstitucionalismo peruano establece que el impago de deudas electorales es causal de cancelación de inscripción en el registro de partidos políticos. Esta norma, diseñada para asegurar la transparencia financiera, se ha convertido ahora en un mecanismo de presión que obliga a los partidos a depender de la recaudación ciudadana directa frente a la falta de aportes estatales o de grandes financistas privados.

La resolución legal de este conflicto se encuentra ahora en manos de la Contraloría y del JNE, que deben evaluar los planes de fraccionamiento de pago presentados por la dirección del partido. De no aprobarse el calendario de pagos, se iniciaría el proceso administrativo para la disolución definitiva de la colectividad, borrando del mapa político a una de las formaciones que sostuvo al gobierno de Pedro Castillo tras su llegada al poder en 2021.