El acceso a playas públicas se ve obstaculizado por usos privados en Europa

La Comisión Europea, en su informe de julio de 2023, alertó que el uso privado está restringiendo el acceso de los ciudadanos a playas públicas en varios países de la Unión, sobre todo a lo largo del Mediterráneo.

Marco jurídico que garantiza la libre circulación en la costa

El Tratado de Funcionamiento de la UE, reforzado por el fallo C‑113/15 del Tribunal de Justicia, reconoce el acceso a la costa como un derecho fundamental de los residentes y visitantes. La normativa europea obliga a los Estados miembros a respetar el principio de libre tránsito, salvo excepciones justificadas por la seguridad pública o la preservación del medio ambiente.

En España, la Ley de Costas (2003) declara que el dominio público marítimo‑terrestre es inalienable y que cualquier concesión que limite su uso debe ser proporcional y estar justificada. Sin embargo, la práctica muestra divergencias entre la legislación y la realidad de los enclaves turísticos.

Ejemplos concretos de exclusión en la costa europea

En la Costa del Sol, municipios como Marbella han otorgado concesiones a clubes de playa que cobran tarifas de acceso. Un estudio de la Asociación de Municipios Costeños (2022) reveló que el 18 % de los tramos de arena bajo jurisdicción municipal exige pago previo, aunque la legislación nacional lo prohíbe. En la Riviera francesa, clubes como el “Club de la Mer” controlan el acceso a pequeñas bahías, limitando su uso a socios y dificultando la llegada de visitantes sin membresía.

En Italia, la región de Liguria enfrenta denuncias de residentes que no pueden acceder a playas tradicionales porque están cerradas por hoteles con piscinas privadas. La Corte de Apelación de Génova, en su sentencia de 2021, obligó a varios operadores a revertir la exclusión, citando la directiva europea sobre acceso público a la costa.

Por su parte, en Grecia, algunas islas de las Cícladas han vendido derechos de uso exclusivo de franjas de arena a empresas de turismo, generando protestas locales y demandas ante el tribunal administrativo de Atenas.

Impacto económico y social de la limitación de acceso

Eurostat registró que en 2022 más de 70 millones de turistas europeos visitaron playas, lo que representa alrededor del 12 % del total de viajes intraeuropeos. La ONG European Coastal Access, en su encuesta de 2023, indicó que el 15 % de los encuestados había encontrado obstáculos para acceder a la zona de baño, como vallas, tarifas de entrada o ausencia de señalización clara.

Los comercios locales, particularmente restaurantes y pequeños alojamientos, experimentan una caída del 7 % en sus ingresos cuando se restringe la libre circulación de los veraneantes. La Confederación de Hostelería de España (2024) advirtió que la pérdida de clientes potenciales afecta a más de 1 200 establecimientos en la costa andaluza.

Además, la exclusión de playas afecta a comunidades vulnerables que dependen del espacio público para actividades recreativas y deportivas. En la zona de la Costa Brava, asociaciones vecinales han denunciado que la falta de acceso libre disminuye la calidad de vida y genera tensiones sociales que, según el Observatorio de la Cohesión Territorial, pueden derivar en conflictos prolongados.

El debate se ha intensificado tras la publicación del informe de la Comisión Europea de 2023 sobre acceso costero, que subraya la necesidad de armonizar la normativa nacional con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El documento propone una serie de medidas, entre ellas la revisión de los contratos de concesión y la creación de un registro público de espacios costeros bajo uso privado.

La Comisión ha anunciado que el Comité de la UE sobre medio ambiente, programado para el 14 de septiembre de 2026, evaluará propuestas legislativas que podrían reforzar el principio de libre acceso a las playas, según declaró la comisaria Vera Jourova.