Bruselas advierte a España sobre posibles incumplimientos de la senda de gasto

Bruselas ha advertido a Madrid el miércoles que la hoja de gasto prevista para 2026 corre el riesgo de superar los límites fiscales fijados en la política de estabilidad de la Unión Europea.

Objetivos de la senda de gasto y margen de maniobra fiscal

El programa de ajuste que la Comisión Europea envió a España en mayo de 2024 establece una trayectoria de gasto público que no debe sobrepasar el 41 % del PIB en 2026. Ese umbral corresponde a aproximadamente 260 000 millones de euros, según los últimos datos publicados por Eurostat. La premisa es mantener la deuda consolidada por debajo del 60 % del PIB, cifra que el gobierno español ha colocado como techo firme en sus proyecciones macroeconómicas.

El Ministerio de Hacienda, a través del Servicio de Programación y Coordinación de la Política Económica, indica que la previsión de gasto para 2026 incluye una partida de 30 % de los fondos Next Generation EU, destinados a transición ecológica y digital. Sin embargo, la Comisión señala que la combinación de ese ingreso temporal y la tendencia de crecimiento del gasto estructural presiona el déficit por encima del objetivo medio del 1 % del PIB que la UE asigna a España.

Los números que generan la alerta de la Comisión

El informe del semestre europeo de mayo 2024 muestra que el déficit estructural proyectado para 2024 es del 2,6 % del PIB, cifra que supera el objetivo de 1 % fijado para el horizonte 2024‑2027. Además, el gasto corriente ya representa el 31 % del PIB, y la parte de inversión supera el 10 % en los últimos tres años, lo que reduce el espacio disponible para absorber los flujos de fondos europeos.

Eurostat registra que el gasto público total alcanzó los 260 000 millones de euros en 2023, lo que representa el 41,5 % del PIB. Si la tendencia de aumento del gasto se mantiene, el déficit nominal podría acercarse al 3 % del PIB en 2026, un nivel que activaría el mecanismo de déficit excesivo previsto por el Tratado de Maastricht.

Olga Vaneeva, directora general de la Comisión Europea para Asuntos Económicos y Financieros, ha indicado que “España debe respetar la senda de gasto prevista para 2026 o enfrentará ajustes estructurales que podrían afectar la asignación de recursos futuros”. Su comentario se enmarca dentro del proceso de recomendación del semestre europeo, donde la Comisión evalúa la sostenibilidad fiscal de cada Estado miembro.

Escenarios de ajuste y posibles consecuencias institucionales

Si la presión de la Comisión persiste, el Consejo de la Unión Europea podría iniciar el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). Este mecanismo autorizaba a la Comisión a recomendar medidas de corrección y, en última instancia, a imponer sanciones financieras si el Estado no actúa. En el caso español, una sanción afectaría la disponibilidad de los fondos de recuperación, reduciendo hasta un 10 % la financiación destinada a proyectos de infraestructura verde y digital.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que revisará la programación de gastos en salud y educación, sectores que concentran la mayor parte del aumento presupuestario. La intención es buscar eficiencias sin sacrificar los objetivos de cobertura universal que la UE considera esenciales para la cohesión social.

El contexto actual es especialmente crítico porque la próxima reunión del Consejo de Ministros de la UE, prevista para el 22 de junio de 2026, evaluará los resultados del semestre europeo 2026‑2027. En esa sesión se decidirá si los países que no alcancen los objetivos fiscales enfrentarán recortes a los pagos adelantados del programa Next Generation EU.

En los próximos días, el Ministerio de Hacienda presentará una actualización de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, en la que se incluirán los márgenes de ajuste sugeridos por Bruselas. La decisión final corresponderá al Consejo de Ministros, que deberá equilibrar la presión de la Comisión con las prioridades de política interna.