158.000 empleadas de hogar se acercan a la jubilación sin pensión garantizada

Casi 158.000 empleadas de hogar en España están a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación sin tener asegurada una pensión mínima. Aunque desde 2012 están integradas en el Régimen General de la Seguridad Social, muchos años de exclusión previa y cotizaciones bajas comprometen su futuro económico, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y análisis del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Pasado de exclusión, presente de incertidumbre

Las trabajadoras del hogar fueron incluidas oficialmente en el sistema de Seguridad Social el 1 de enero de 2012, tras décadas de precariedad y carencia de derechos laborales básicos. Antes de esa fecha, solo un reducido grupo cotizaba de forma parcial o voluntaria. El resto trabajaba sin contrato, sin prestaciones por desempleo, incapacidad temporal o jubilación. Hoy, aunque el marco legal ha cambiado, las secuelas perduran. Un estudio del INSS de 2025 muestra que el 42 % de las empleadas que ya cotizan tienen más de 50 años, y de ellas, 158.000 se encuentran en la franja entre 60 y 69 años, es decir, a un paso de la jubilación.

El problema radica en el volumen de años cotizados. Hasta 2011, la mayoría de estas trabajadoras acumuló períodos sin registrarse en el sistema. Aunque ahora se reconocen hasta 24 años de trabajo no cotizado mediante un proceso administrativo, la cobertura sigue siendo limitada. Además, los salarios de este sector suelen situarse en el salario mínimo interprofesional (SMI), lo que se traduce en bases de cotización bajas y, por tanto, en pensiones insuficientes. Una trabajadora que cotice al SMI durante 20 años obtendría una pensión de jubilación cercana a los 700 euros mensuales, por debajo del umbral de pobreza relativo, que en 2026 ronda los 950 euros.

158.000 empleadas de hogar y el reloj de la jubilación

El dato clave no es solo el número —158.000 trabajadoras—, sino su localización geográfica y perfil. Cataluña, Madrid y Andalucía concentran más del 60 % de este colectivo, según datos del Sistema de Afiliación de la Seguridad Social. La mayoría son mujeres inmigrantes: el 78 % procede de países como Marruecos, Rumanía, Colombia o Ecuador. Muchas trabajan a tiempo parcial, con jornadas inciertas y salarios que no superan los 1.000 euros al mes, lo que limita su capacidad de ahorro complementario. A esto se suma el retraso en la inscripción formal: un 35 % de las trabajadoras actuales comenzó a cotizar después de los 50 años, lo que impide acumular los 37 años y 6 meses exigidos para obtener el 100 % de la base reguladora.

Desde el Ministerio de Inclusión, se ha activado un programa de acompañamiento individualizado para facilitar el reconocimiento de años trabajados antes de 2012. Hasta abril de 2026, se han tramitado 28.000 solicitudes de reconocimiento histórico, pero la burocracia, la falta de documentación y el desconocimiento del derecho frenan el proceso. Organizaciones como CCOO y UGT exigen una campaña de información masiva y la simplificación de los trámites. el Consejo General del Poder Judicial ha instado a los servicios sociales municipales a detectar casos y derivarlos a asesoría jurídica gratuita.

Se espera que en los próximos meses el gobierno presente una actualización del informe sobre la situación de las trabajadoras del hogar en edad prejubilatoria, con propuestas concretas para mitigar el riesgo de pobreza en el colectivo. Entre las medidas en estudio figuran un complemento público a la pensión mínima y un sistema de bonificaciones para empleadores que mejoren las condiciones salariales de sus empleadas. El plazo para que estas iniciativas tengan impacto real, sin embargo, se acorta con cada año que pasa.