La Audiencia Nacional dilata la investigación del espionaje Pegasus a finales

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha concedido este lunes una nueva prórroga al Ministerio de Defensa para que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aporte la documentación definitiva sobre la contratación y uso del software espía Pegasus. Esta resolución judicial paraliza de facto cualquier posibilidad de que la causa, que investiga el espionaje presuntamente ilegal contra independentistas catalanes y abogados, pase a fase de juicio oral antes del otoño. La magistratura exige ahora aclaraciones sobre la cadena de mando y las autorizaciones concretas que permitieron la intrusión en los dispositivos móviles de los investigados.

Los informes técnicos bajo secreto de sumario

La pieza separada, dependiente del sumario 3/20, se encuentra en un punto muerto tras sucesivas presentaciones de partes por parte de la defensa de los afectados. El Ministerio de Defensa ha invocado reiteradamente la seguridad nacional para limitar la entrega de los contratos firmados con la empresa israelí NSO Group. Sin embargo, el juez instructor ha rechazado en dos ocasiones la aplicación del secreto de estado de forma absoluta, ordenando que se desclasifiquen los aspectos relativos a la selección de los objetivos. Se han registrado hasta la fecha 67 víctimas potenciales, según los listados cruzados por el Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto, siendo la infección del teléfono de Carles Puigdemont uno de los casos centrales.

La discrepancia entre licencias y ejecuciones

Uno de los puntos de fricción que la fiscalía destaca en sus últimos escritos es la brecha entre el número de licencias de explotación adquiridas por España y el volumen real de infecciones certificadas. Las auditorías internas del CNI entregadas a finales de 2025 sugieren que el uso del malware fue extensivo, aunque el Gobierno sostiene que todas las intervenciones contaron con la pertinente autorización judicial. La defensa letrada de varios políticos del ERC argumenta que la temporalidad de algunas infecciones no coincide con las fechas de los autos judiciales presentados por la Audiencia Nacional, lo que abriría la puerta a un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

La controversia sobre el software Pegasus estalló en 2022 con la publicación de diversas investigaciones periodísticas que demostraron la presencia delspyware en terminales situados en territorio español. El escándalo, bautizado como 'Catalangate',forzó la comparecencia de la directora del CNI en el Congreso de los Diputados y llevó a la creación de una comisión de investigación que concluyó sin acuerdos disciplinarios claros. Hoy, cuatro años después, el debate se ha trasladado del hemiciclo a la sala de vistas, donde la lentitud en la aportación de pruebas técnicas impide cerrar el círculo sobre la responsabilidad política de los hechos.

El escenario europeo y la resolución pendiente

Mientras la justicia española frena el proceso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) mantiene pendientes varias demandas contra el Estado español por vulneración del derecho a la intimidad y a la correspondencia. La sentencia del tribunal de Estrasburgo, prevista para el próximo invierno, podría establecer un doctrina jurisprudencial que obligase a la Audiencia Nacional a reconsiderar los archivamientos parciales recientes. La Unión Europea, por su parte, ha endurecido las normativas de exportación de tecnología de vigilancia, presionando a los Estados miembros para que prohiban el uso de estas herramientas contra opositores políticos, periodistas y activistas.

Los letrados de las acusaciones populares confían en que la nueva prórroga sea la última antes de que se dicte auto de procesamiento o de sobreseimiento. La fiscalía anticorrupción ha pedido en su último informe que se investigue si hubo un uso patrimonial del software con fines distintos a la seguridad nacional, lo que desplazaría el foco hacia posibles delitos de malversación o prevaricación. Tanto el Gobierno como la oposición mantienen una vigilancia estrecha sobre el caso, conscientes de que su resolución marcará un precedente en el equilibrio entre seguridad del Estado y garantías de los derechos fundamentales en el panorama digital.