El juez Peinado exige a Begoña Gómez justificar que su desplazamiento fue solo

El 14 de julio de 2026, en la Audiencia Nacional de Madrid, el magistrado Antonio Peinado exigió a la exministra de Salud de Andalucía, Begoña Gómez, que aporte la documentación que demuestre que su desplazamiento en junio de 2022 se limitó a la graduación de su hija.

La citación judicial y sus exigencias

El requerimiento incluye la entrega de billetes de avión, facturas de hotel y recibos de comidas, todo con la condición de que el itinerario coincida con la fecha y el lugar del acto académico. El juez ha fijado como plazo límite el 31 de julio de 2026 para que la defensa remita los documentos, bajo apercibimiento de apertura de juicio oral. La instrucción se basa en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, que permite la solicitud de pruebas cuando exista duda razonable sobre la justificación de gastos públicos.

Antecedentes de la investigación

Esta citación se enmarca dentro de una investigación que comenzó en 2023 y que ha señalado a varios cargos de la Junta de Andalucía por presunto desvío de fondos mediante viajes supuestamente vinculados a la gestión pública. La propia Begoña Gómez fue objeto de escrutinio tras los llamados "viajes a Granada" y "viajes a Sevilla", donde se alegó que la finalidad real era familiar y no institucional. Otros exsecretarios y consejeros ya han comparecido ante el mismo magistrado, y algunos han sido puestos a disposición de la Fiscalía por irregularidades en la justificación de dietas.

Aún cuando la práctica de justificar gastos con pretextos oficiales no es nueva en la política española, los últimos años han visto una mayor atención mediática y judicial a este tipo de conductas. Escándalos como el de los "viajes de ocio" del exalcalde de Bilbao o la trama de los "couch surfing" de la Agencia Tributaria han generado una presión pública para que los tribunales actúen con mayor rigor.

Implicaciones políticas y sociales

Para el Partido Popular, el caso de Begoña Gómez representa un riesgo de daño reputacional que podría repercutir en la campaña autonómica prevista para finales de 2026. Los ciudadanos, particularmente en Andalucía, siguen atentos a la evolución del proceso, pues la percepción de corrupción influye en la confianza hacia las instituciones. Por su parte, la oposición ha reivindicado la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de los fondos de la comunidad autónoma, pidiendo la creación de un registro público de los viajes oficiales.

El posible desenlace del proceso podría sentar un precedente sobre cómo se interpretan los viajes familiares dentro del marco de la legislación de gastos públicos. Si la audiencia concluye que la justificación es insuficiente, el caso podría escalar al Tribunal Supremo, ampliando el tiempo de resolución y potenciando la discusión sobre la delimitación entre intereses personales y deberes institucionales.

En los próximos días, los abogados de Begoña Gómez acudirán al juzgado para presentar la documentación solicitada o, en su defecto, impugnar la citación. La Audiencia Nacional tiene prevista una audiencia preliminar para octubre de 2026, donde se decidirá si el expediente continúa hacia la fase de juicio o se archiva por falta de pruebas. La evolución de este proceso será clave para entender la línea que la justicia está trazando en casos de supuesta malversación de fondos públicos por parte de altos cargos regionales.