Qué cambia en la reforma de la Ley de Extranjería para latinoamericanos

El Gobierno español aprobó en febrero de 2026 una reforma de la Ley de Extranjería que elimina la exigencia de doble condena para la expulsión de ciudadanos latinoamericanos. A partir de enero de 2027, bastará una sentencia firme por un delito grave, aunque no esté reconocida judicialmente en el país de origen. Este cambio afecta directamente a más de 2,3 millones de personas procedentes de América Latina que residen en territorio español.

Fin de la doble condena: un paso clave para la regularización

Hasta ahora, el artículo 57 del Reglamento de Extranjería exigía que una sentencia condenatoria fuera reconocida en el país de nacionalidad del extranjero para que se aplicara una medida de alejamiento. Esta barrera, conocida como 'doctrina Parot' aplicada al ámbito migratorio, dificultaba la expulsión de personas con antecedentes penales si sus países no validaban la resolución judicial española. Países como Bolivia, Ecuador, Colombia y Honduras rara vez otorgaban ese reconocimiento. En 2024, el 68 % de las solicitudes de ejecución de expulsiones hacia naciones andinas fueron denegadas por falta de cooperación judicial.

La reforma suprime ese requisito. Basta con que la sentencia haya sido dictada por un tribunal español y esté firme tras agotar todas las vías de recurso. Esto no significa que se expulsará automáticamente a todos los condenados; las administraciones deberán evaluar cada caso según gravedad del delito, tiempo de residencia, arraigo familiar y laboral. No obstante, el umbral para la expulsión se reduce notablemente.

Arraigo laboral y social: más oportunidades de regularización

La reforma también flexibiliza los requisitos para acceder al arraigo laboral. Se reduce el periodo mínimo de residencia continua en España de tres a dos años. Además, se introduce un nuevo mecanismo de arraigo social para menores emancipados que hayan estado al cuidado de servicios de protección desde los 16 años. Este grupo, que supera las 1.200 personas en 2025 según datos del Ministerio de Inclusión, podrá solicitar residencia tras cumplir 18 años, siempre que demuestren integración y medios económicos.

Otro cambio relevante es la posibilidad de obtener autorización de residencia tras cinco años de trabajo irregular documentado. Si el interesado acredita contrataciones parciales, pagos en efectivo verificados o testimonios fehacientes, podrá optar a un permiso temporal. Este punto fue criticado por la patronal CEOE, que advirtió en febrero sobre riesgos de fraude, aunque el Gobierno incluyó mecanismos de verificación con las inspecciones de trabajo.

¿Qué cambia para los latinoamericanos?

La reforma de la Ley de Extranjería en España elimina un obstáculo histórico para la integración de la población latinoamericana. Aunque el 87 % de los procedimientos de expulsión en 2025 fueron archivados por falta de cumplimiento del requisito de doble condena, ahora se prevé un aumento en las salidas forzosas. Ministerios de Justicia y Exteriores están coordinando protocolos con embajadas de Perú, Argentina y Chile para agilizar el retorno voluntario asistido.

Al mismo tiempo, la regularización se facilita. En 2025 se presentaron más de 85.000 solicitudes de arraigo; solo el 42 % fueron concedidas. Con los nuevos plazos, se estima que entre 2027 y 2028 podrían regularizarse alrededor de 35.000 personas al año, la mitad procedentes de Colombia, Venezuela y Honduras.

El texto entrará en vigor seis meses después de su publicación en el BOE, prevista para julio de 2026. Las administraciones autonómicas ya han solicitado más personal para gestionar los trámites, mientras que las ONG migratorias seguirán vigilando el cumplimiento de derechos fundamentales durante la aplicación.