Concejala de Soria obtiene libertad provisional tras detención por presunta

El martes 24 de junio de 2026, la Audiencia Provincial de Soria acordó la libertad provisional de María del Carmen García Pérez, concejala del Partido Popular, quien había sido detenida el 14 de julio de 2025 bajo la acusación de presunto delito de malversación y prevaricación en la adjudicación de obras públicas.

Detalles de la detención y cargos que pesa contra la concejala

El caso se originó cuando la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León abrió una investigación tras recibir una denuncia anónima que señalaba irregularidades en la contratación de una empresa de asfaltado para la vía Vía Verde de Soria. Según el informe de la Fiscalía, la empresa habría recibido un contrato por 1,4 millones de euros sin cumplir los requisitos de licitación obligatorios.

En el momento de la detención, la unidad de investigación había recopilado cinco informes periciales que indicaban la ausencia de criterios objetivos en la adjudicación. La acusación incluye un delito de prevaricación (artículo 404 del Código Penal) y dos hechos de malversación (artículo 432), con una posible pena de hasta ocho años de prisión.

Procedimiento judicial y razones de la libertad provisional

El juez de instrucción, José Luis Briones, citó en su resolución del 22 de junio de 2026 la falta de riesgo de fuga y la ausencia de antecedentes penales de la investigada. Además, señaló que la detención preventiva no era imprescindible para asegurar la comparecencia del imputado, dada su vinculación laboral y familiar en Soria.

La defensa, encabezada por la abogada Carmen Rueda, argumentó que la medida cautelar carecía de proporcionalidad, pues la acusada colaboró con los fiscales al facilitar documentación contable. La Resolución final, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, estableció una caución de 30.000 euros y la obligación de presentarse semanalmente ante el juzgado.

Repercusiones políticas y reacción en el Ayuntamiento de Soria

El portavoz del grupo municipal del PP, Carlos Martín, anunció que la concejala continuará ejerciendo sus funciones mientras se resuelve el proceso penal, aunque la bancada ha solicitado la suspensión de sus actividades en comisiones de contratación. "Respetamos el fallo judicial, pero la ciudadanía exige total transparencia", declaró en una rueda de prensa.

Por su parte, el alcalde de Soria, Javier García, confirmó que se abrirá una comisión interna de ética para revisar los procedimientos de adjudicación y evitar nuevos cuestionamientos. La comisión estará integrada por representantes de los tres grupos políticos del Ayuntamiento y un experto independiente en derecho administrativo, el profesor Antonio Lozano de la Universidad de Valladolid.

En el ámbito regional, la Junta de Castilla y León emitió un comunicado el 23 de junio de 2026 recordando la necesidad de reforzar los controles internos en todos los ayuntamientos, citando el informe anual de Transparencia del 2025, que señaló que el 12% de los municipios de la comunidad habían sido objeto de investigaciones por irregularidades en contratación pública.

El caso no es aislado; en los últimos dos años, al menos cuatro concejales de distintas provincias han sido detenidos bajo sospecha de corrupción en obras de infraestructura. Según datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial, entre 2024 y 2025 se registraron 27 procesos penales contra funcionarios locales, una cifra que supera el promedio de la última década en un 45%.

Este aumento ha llevado a organizaciones como Transparencia Internacional España a solicitar la creación de un registro único de sanciones contra funcionarios públicos, medida que aún no se ha materializado a nivel estatal.

Mientras tanto, la población de Soria se muestra dividida. Una encuesta de la Universidad de Valladolid, realizada entre el 10 y el 15 de junio de 2026, reveló que el 48% de los encuestados confía en que la investigaci n será clara y rápida, mientras que el 37% teme que la situación pueda erosionar la credibilidad del gobierno local.

La libertad provisional no implica absolución, pero sí permite que la concejala siga participando en la vida institucional mientras se dictamina su responsabilidad penal. El proceso continuará con la vista oral prevista para el 12 de septiembre de 2026, fecha en la que el tribunal decidirá sobre la acusación formal.