La UE pide equiparar la vivienda a un derecho fundamental para frenar desahucios

El Parlamento Europeo aprobó este jueves en Estrasburgo una resolución que insta a la Unión Europea a reconocer la vivienda como un derecho fundamental mediante la modificación de la Carta de Derechos Fundamentales. Esta propuesta, impulsada por el grupo de Socialistas y Demócratas y respaldada por una coalición amplia, busca obligar jurídicamente a los Veintisiete a adoptar medidas preventivas antes de ejecutar cualquier desahucio. El texto responde a la presión social creciente en ciudades como Madrid, Berlín y Dublín, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en la principal preocupación económica ciudadana por delante del empleo o la sanidad.

El blindaje legal de la Carta de Derechos de la UE

La iniciativa aprobada aboga por elevar la protección de la vivienda al rango de derecho fundamental en el artículo 34 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Actualmente, la legislación comunitaria protege el domicilio privado frente a injerencias arbitrarias, pero no garantiza explícitamente el acceso a una vivienda digna, lo que limita la capacidad del Tribunal de Justicia de la UE para intervenir en políticas nacionales de vivienda. La inclusión explícita permitiría a los ciudadanos acudir a los tribunales europeos si sus gobiernos incumplen el deber de garantizar un techo, un mecanismo que hoy recae casi exclusivamente en la jurisdicción de los Estados miembros.

Este cambio de marco jurídico no es una mera declaración de intenciones. Europa vive un contexto de inflación en los alquileres que supera el IPC en muchos estados, y los instrumentos actuales se han revelado insuficientes para frenar la especulación en zonas de alta demanda turística. La resolución pide un freno inmediato a los desahucios sin alternativa habitacional, una medida que impacta directamente en la legislación española tras la aplicación de la Ley de Vivienda de 2023 y sus sucesivas reformas regulatorias durante 2025.

España ante el déficit estructural de parque social

La situación en España es crítica según los indicadores de la Comisión Europea. Eurostat sitúa el parque de vivienda social en España en torno al 2%, una cifra anémica comparada con la media de la Unión, que se aproxima al 15%, o con países de referencia como Austria y Países Bajos, donde supera el 30%. Esta carencia estructural espolea los precios privados al no existir un buffer público que absorba la demanda de menores ingresos, lo que dispara los costes en áreas metropolitanas y costeras donde la oferta inmoviliaria es inelástica.

Los últimos datos consolidados del Consejo General del Poder Judicial revelan una tendencia estable en los lanzamientos, con más de 110.000 ejecuciones anuales, con una concentración significativa en provincias turísticas como Málaga, Alicante y las Islas Baleares. La resolución europea llega en un momento en que el gobierno español gestiona los fondos de recuperación post-COVID, pero Bruselas exige ahora garantías adicionales para los colectivos vulnerables. El texto aprobado sugiere explícitamente la vinculación de los fondos estructurales y de cohesión al cumplimiento de cuotas mínimas de vivienda social.

La lucha política sobre el control de alquileres

El debate en Estrasburgo evidenció las profundas divisiones ideológicas sobre cómo abordar la crisis habitacional. Mientras la izquierda parlamentaria clama por la intervención directa en el mercado y la limitación de precios, los grupos populares y liberales alertaron sobre los efectos negativos para la inversión. No obstante, la declaración aprobada destaca que el mercado por sí solo no ha sido capaz de resolver la exclusión residencial, citando la evolución desfavorable del índice de accesibilidad a la vivienda desde 2010 hasta la actualidad.

La discusión no es nueva, pero nunca había contado con un respaldo mayoritario tan claro en la cámara legislativa europea. La crisis financiera de 2008 dejó un legado de vulnerabilidad hipotecaria que transformó el mapa urbano, pero la legislación posterior se centró mayoritariamente en la solvencia bancaria. Los movimientos vecinales en España lograron situar la vivienda en el centro del debate público a lo largo de la última década, demostrando que la protección legal sin rango de derecho fundamental es frágil ante emergencias económicas o inflacionarias.

El siguiente paso en el proceso legislativo será la transferencia del texto al Consejo Europeo. Sin embargo, la modificación de la Carta de Derechos requiere la unanimidad de los Veintisiete, un obstáculo político formidable dadas las reticencias históricas de gobiernos liberales como el holandés o el alemán a ceder soberanía en materia social. Pese a que la resolución no posee fuerza ejecutiva inmediata, establece un precedente político vinculante para la próxima legislatura y sirve de hoja de ruta para la futura política de cohesión territorial.