Incendios forestales en España superan el récord de 2022 y exigen nueva política

El pasado 18 de julio de 2026, un incendio forestal arrasó 1.500 hectáreas en la zona de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila, dejando evacuadas a 120 familias y movilizando a 340 bomberos.

Cifras oficiales de los incendios entre 2022 y 2025

Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación revelan que, en 2022, España registró 5.095 incendios forestales, consumiendo 247.600 hectáreas, el peor registro de la última década. El año siguiente la tendencia se invirtió ligeramente: menos de 4.000 focos y alrededor de 95.000 hectáreas quemadas. En 2024 y 2025, los informes preliminares indican una ligera recuperación del número de siniestros, con aproximadamente 4.300 incendios y una superficie total cercana a 120.000 hectáreas, aunque la intensidad media de los fuegos aumentó, como atestiguan los mayores índices de consumo de combustible vegetal. En conjunto, entre 2022 y 2025 se superaron las 300.000 hectáreas arrasadas, cifra que supera el récord histórico de 2022 y que ha reavivado el debate sobre la efectividad de las políticas de prevención.

Factores climáticos y de gestión que alimentan la llama

El aumento de la frecuencia de olas de calor, la caída de las precipitaciones y la prolongada sequía han convertido a gran parte del interior peninsular en combustible natural. Las temperaturas máximas de julio de 2026 superaron los 38 ºC en Castilla y León, una media cinco grados superior a la década de 1990. La acumulación de resina en los pinos, la falta de limpieza de sotobosques y la presión del turismo rural han limitado la capacidad de respuesta de los cuerpos de extinción. Por su parte, la escasez de recursos hídricos obligó a los equipos a depender en varios casos de aviones cisterna que, por la normativa actual, pueden operar solo cuando la visibilidad supera los 2 km, reduciendo su efectividad en zonas montañosas como la mencionada Sierra de Gredos.

Respuesta institucional y planes pendientes para 2026

Ante la escalada del daño, el Gobierno aprobó en marzo de 2026 una asignación adicional de 120 millones de euros para el Programa de Gestión del Territorio y Prevención de Incendios. El fondo se destinará a la modernización de la red de detección temprana, al reforzamiento de brigadas forestales y a la reforestación con especies menos inflamables. El Ministerio también anunció la publicación, en septiembre de 2026, del nuevo Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales, que propondrá medidas obligatorias de desbroce en áreas de alto riesgo y la creación de corredores de humedad artificial. Los gobiernos autonómicos de Castilla‑La Mancha, Aragón y Galicia ya han adelantado sus propios proyectos de gestión integrada, aunque la coordinación entre niveles sigue siendo un reto.

Históricamente, España ha vivido episodios críticos de fuego desde la Reconquista, cuando la quema controlada se utilizaba para despejar tierras agrícolas. En los últimos veinte años, sin embargo, la combinación de cambio climático y expansión urbana ha alterado la relación entre el ser humano y el entorno forestal, elevando la vulnerabilidad de comunidades rurales y costeras. La presión mediática y la creciente conciencia ciudadana hacen que la expectativa social sea alta: la sociedad espera que las inversiones se traduzcan en una disminución visible del número de focos y, sobre todo, en la protección de vidas y patrimonio.

El próximo paso será la evaluación del impacto del nuevo plan una vez implementado. La auditoría prevista para finales de 2027 medirá la reducción de hectáreas quemadas y la mejora en los tiempos de respuesta, datos que determinarán si el presupuesto asignado resultó suficiente o si será necesario un nuevo ajuste financiero. Mientras tanto, los residentes de zonas vulnerables permanecen a la espera de mayores recursos y de una coordinación más ágil entre autoridades locales y nacionales.