Gobierno bonifica el 75 % de las cotizaciones empresariales en Ceuta y Melilla

El Gobierno aprobó hoy la bonificación del 75 % de las cotizaciones sociales que deben abonar las empresas instaladas en Ceuta y Melilla. La medida se adopta mediante una orden ministerial que entra en vigor el 1 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual los empleadores podrán aplicar la reducción a sus nóminas.

Detalle del ajuste fiscal a la cotización empresarial

En la legislación vigente, la aportación patronal al Régimen General de la Seguridad Social se sitúa alrededor del 30 % de la masa salarial, desglosada en contingencias comunes, desempleo y formación profesional. La bonificación autoriza que tres cuartas partes de esa cuota se descuenten del total que corresponde pagar, lo que implica que la empresa sólo sufrirá aproximadamente el 7,5 % de la nómina en concepto de cotización. El cálculo se realiza de forma automática en la nómina mensual, sin necesidad de trámites adicionales para la empresa.

Impacto inmediato en la carga financiera de las pymes

Las pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90 % del tejido empresarial en ambas ciudades, son las que más se benefician. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de pymes en Ceuta supera los 1.200 y en Melilla supera los 1.000, con una media de 12 trabajadores por unidad. Una reducción del 75 % en sus contribuciones sociales puede traducirse en un ahorro anual medio de entre 3.000 y 5.000 euros por empresa, cifra que permite destinar recursos a contratación o mejora de equipos.

Repercusiones en la competitividad regional

Ceuta y Melilla disfrutan ya de un régimen fiscal especial que incluye tipos reducidos en el IVA y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La nueva bonificación refuerza esa ventaja comparativa y busca revertir la tendencia de despoblación que afecta a ambas ciudades. En los últimos cuatro años, el índice de desempleo ha oscilado entre el 12 % y el 14 % en ambas localidades, superior a la media nacional. Al aliviar el coste laboral, el Gobierno pretende estimular la creación de empleo y retener la actividad económica que, de otro modo, podría migrar hacia la península.

El mecanismo de bonificación no afecta a la recaudación del Tesoro central, pues la reducción se compensa con los ingresos que generan los regímenes especiales de tributación. Además, la medida está alineada con la Estrategia de Cohesión Territorial 2021‑2027, que reconoce la necesidad de instrumentos financieros adaptados a territorios ultraperiféricos.

Los agentes económicos locales han reaccionado con optimismo. Los establecimientos comerciales y los hoteles, sectores clave en la economía de las ciudades, indican que el ahorro en cotizaciones les permitirá mantener precios competitivos frente a destinos turísticos del norte de África. La reducción también favorece a las empresas de servicios, que dependen de mano de obra intensiva y que habían reportado dificultades para absorber el peso de la cotización completa.

En el plano fiscal, la bonificación se suma a otras iniciativas como la exención del Impuesto de Sociedades para nuevas inversiones en infraestructura tecnológica. El conjunto de medidas forma una política de estímulo que busca atraer capital privado y fomentar la digitalización de la actividad productiva.

La orden ministerial contempla un control estadístico que permite al Ministerio de Trabajo verificar la correcta aplicación de la bonificación. Se prevé que la supervisión se realice a través de la plataforma digital de la Seguridad Social, donde cada empresa podrá consultar el desglose de la cotización antes y después del descuento.

En los próximos meses, los responsables de la política laboral evaluarán los primeros indicadores de empleo y de creación de nuevas empresas. El Gobierno ha anunciado que, si los resultados son positivos, podría ampliar la bonificación a otras regiones con dificultades estructurales, como las Islas Canarias.