Venezuela firma acuerdo petrolero con EE.UU. por 25 años

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, informó el 30 de agosto de 2026 que el tratado petrolero firmado con Estados Unidos entrará en vigor de inmediato y tendrá una duración de veinticinco años.

Alcance del acuerdo y producción prevista

El pacto contempla la exportación de crudo ligero y pesado a refinerías costeras de Texas y Luisiana, con cuotas anuales que podrían alcanzar los 500.000 barriles por día. Venezuela había registrado una producción media de alrededor de 800.000 barriles diarios en 2022, según datos de la OPEP, y ha recuperado capacidad tras la puesta en marcha de la planta de Guaicaipuro. Si el objetivo del acuerdo se cumple, la exportación a EE.UU. representaría aproximadamente el 60 % del nivel de producción actual.

En la práctica, la capacidad de transporte dependerá de la disponibilidad de buques cisterna reforzados para sortear las sanciones que persisten en el sector financiero internacional. La empresa estatal PDVSA ha anunciado inversiones en flotas de carga propias, lo que debería mitigar la dependencia de terceros y asegurar la continuidad del suministro.

Repercusiones económicas para Venezuela y EE.UU.

Para Caracas, el contrato supone una fuente de divisas estable que podría traducirse en ingresos superiores a 30 000 millones de dólares anuales, según estimaciones basadas en precios promedio de crudo de 60 dólares por barril en 2024. La entrada de dólares fortalecería la balanza de pagos y aliviaría la presión inflacionaria que ha rondado el 250 % en los últimos años.

Por su parte, el sector refinador estadounidense busca diversificar su suministro frente a la creciente demanda de combustibles ligeros. En 2022, EE.UU. importó cerca de 280.000 barriles diarios de crudo venezolano, cifra que se redujo por sanciones. Restablecer esas importaciones ayudaría a equilibrar el mix de crudos y a reducir la dependencia de proveedores de Oriente Medio.

Desafíos geopolíticos y de sanciones

El acuerdo se firma en medio de una reactivación de la diplomacia energética entre Caracas y Washington, tras años de tensiones por la legitimidad de la Convención de Viena de 2015. Sin embargo, la normativa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sigue limitando transacciones financieras directas, lo que exigirá mecanismos de pago alternativos, posiblemente a través de criptomonedas respaldadas por el Estado.

El éxito del tratado dependerá también de la evolución del panorama político interno venezolano. Si la oposición logra un avance significativo en las próximas elecciones legislativas, el Congreso podría cuestionar la gestión de PDVSA y retrasar la ejecución de los compromisos contractuales.

En el contexto latinoamericano, el convenio posiciona a Venezuela como un jugador renovado en el mercado energético, compitiendo con Brasil y México por los contratos de suministro americanos. La iniciativa también podría impulsar negociaciones similares con otros socios, como Argentina o la Unión Europea, que buscan fuentes de crudo con menor huella de carbono.

El futuro inmediato está marcado por la fase de certificación técnica, que se espera concluya antes del cierre del primer trimestre de 2027. El informe resultante será evaluado por los reguladores de la Energy Information Administration (EIA) y por la Comisión Nacional de Energía de Venezuela, que determinarán la factibilidad operativa del proyecto.