EEUU demanda a Nueva York, Connecticut y Vermont por ayudas a migrantes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó este martes ante un tribunal federal una demanda contra Nueva York, Connecticut y Vermont por la aprobación de partidas presupuestarias destinadas a prestar asistencia directa a migrantes indocumentados. Washington argumenta que las normativas aprobadas en estas regiones del noreste interfieren de forma directa con las competencias exclusivas del Gobierno central en materia de control fronterizo y extranjería.

Subvenciones locales bajo la lupa del Departamento de Justicia

El escrito judicial presentado por la administración federal solicita la suspensión cautelar de los programas que financian subsidios de vivienda, seguros de salud autonómicos y asistencia jurídica gratuita a personas sin permiso de residencia. Según expone el documento de acusación, la asignación de recursos públicos autonómicos genera un efecto incentivo que contraviene la Ley de Inmigración y Nacionalidad promulgada por el Congreso norteamericano.

La iniciativa legal pone en el centro de la batalla jurídica a la Cláusula de Supremacía, recogida en el Artículo VI de la Constitución de Estados Unidos. Esta norma establece que el derecho federal prevalece sobre cualquier legislación estatal cuando se producen incoherencias en la aplicación de políticas nacionales. Desde Washington sostienen que ningún estado posee el marco legal para articular incentivos económicos paralelos que alteren el flujo de la población extranjera dentro del territorio nacional.

El choque entre las políticas de asilo y la autoridad federal

Los tres estados demandados han defendido la validez de sus programas de protección social. Nueva York mantiene vigente desde 1981 el mandato judicial derivado del caso Callahan contra Carey, el cual obliga a la ciudad a garantizar refugio de emergencia a cualquier persona sin techo que lo solicite, independientemente de su estatus migratorio. Por su parte, los gobiernos de Connecticut y Vermont extendieron la cobertura médica pública a menores e indigentes sin visado alegando razones de salud pública y seguridad comunitaria.

El conflicto sobre dónde termina la potestad de un territorio para gestionar su bienestar social y dónde empieza el monopolio migratorio del Gobierno federal no es nuevo en el panorama norteamericano. En la última década, las discrepancias presupuestarias han derivado en múltiples litigios entre el poder central y los estados receptores. Mientras el Ejecutivo federal argumenta que las ayudas autonómicas sabotean el cumplimiento de las órdenes de deportación, las administraciones locales replican que la falta de asistencia estatal incrementa la delincuencia y la presión sobre los servicios de urgencias sanitarias.

Esta pugna legal en las instituciones estadounidenses refleja un debate competencial similar al que experimenta España y la Unión Europea. La distribución de competencias entre el Estado central en Madrid y las comunidades autónomas sobre el reparto y atención asistencial de migrantes ha generado tensiones recurrentes en la política autonómica española, donde las competencias de protección social chocan periódicamente con la titularidad exclusiva en fronteras.

El recorrido judicial de la demanda en los tribunales federales

La respuesta de las fiscalías generales de Nueva York, Connecticut y Vermont consistirá en interponer recursos de desestimación para defender el ámbito de su soberanía fiscal. Los equipos jurídicos regionales afirman que la recaudación e inversión de impuestos locales no puede ser intervenida discrecionalmente por la Administración federal sin una vulneración previa de la Décima Enmienda constitucional, la cual reserva a los estados los poderes no delegados expresamente a Washington.

Un juez federal de primera instancia resolverá en las próximas semanas si concede la suspensión cautelar solicitada para bloquear las partidas económicas mientras se dirime la cuestión de fondo. En caso de fallar a favor de la Administración federal, las partidas destinadas a programas sociales para extranjeros sin papeles quedarán congeladas con efecto inmediato. El caso, según la trayectoria habitual de estas disputas constitucionales, continuará su recorrido por los tribunales de apelación antes de alcanzar de forma definitiva al Tribunal Supremo de Estados Unidos.