El Gobierno amplía la capacidad de acogida de menores migrantes en todas las

El Gobierno, mediante Real Decreto publicado el 24 de junio de 2026, incrementó la capacidad de las comunidades autónomas para acoger a menores migrantes no acompañados, añadiendo 600 plazas a la red previamente existente.

Cuántas plazas se suman y cómo se distribuyen

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 informó que la nueva dotación eleva el número máximo de niños y niñas que pueden ser recibidos simultáneamente de 1 200 a 1 800 plazas. Cada comunidad recibirá una partida proporcional a su población y a la vulnerabilidad detectada en los últimos informes de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR). Por ejemplo, Andalucía, que concentra el 30 % de los menores no acompañados según el último censo de la OAR, pasará de 360 a 540 plazas.

En Cataluña, la asignación sube de 240 a 360 lugares; en la Comunidad de Madrid, de 180 a 270; mientras que en regiones con menor flujo migratorio, como Castilla-La Mancha y Extremadura, la ampliación será de 30 a 45 plazas cada una. La distribución responde a la regla de proporcionalidad establecida en el Real Decreto 467/2026, que también contempla un 10 % de reserva para casos de emergencia.

Motivaciones y presión institucional

La decisión se produce tras la publicación del Informe Anual sobre Protección Infantil del Ministerio, que señalaba un déficit del 25 % en la capacidad de acogida frente a la demanda registrada en 2025, cuando 1 450 menores fueron ingresados en los centros de acogida. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, explicó en rueda de prensa que “la ampliación es una respuesta directa a la necesidad de garantizar una protección adecuada y evitar que los menores queden en situaciones de vulnerabilidad extrema”.

Además, la Comisión Europea ha recordado a los Estados miembros la obligación de respetar el Convenio Europeo de Derechos del Niño, lo que ha presionado a Madrid para evitar sanciones por incumplimiento. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también indicó que España es uno de los principales países receptores de menores no acompañados en el sur de Europa.

Impacto en los servicios locales y retos pendientes

Las administraciones autonómicas deberán adaptar sus infraestructuras y recursos humanos antes del 31 de diciembre de 2026, fecha límite establecida en el decreto. Se prevé la contratación de 120 profesionales especializados en trabajo social infantil y la puesta en marcha de programas de integración escolar en colaboración con los departamentos de educación.

Por su parte, las ONG que operan en la zona, como Cruz Roja y Save the Children, han manifestado su apoyo al aumento pero advierten que sin una financiación adecuada los nuevos espacios podrían quedar infrautilizados. El Ministerio ha anunciado un presupuesto adicional de 45 millones de euros para el ejercicio 2027, destinado a cubrir los costes operativos y a formar al personal.

Los sindicatos del sector público, encabezados por la Unión General de Funcionarios (UGT), han solicitado que la ampliación incluya también medidas de acompañamiento psicosocial, argumentando que el trauma asociado a la migración forzada requiere intervenciones continuas.

En medio de este debate, la comunidad de expertos en migración de la Universidad Carlos III de Madrid, liderada por la profesora María del Mar Guirao, señaló que el aumento de plazas, aunque necesario, no resuelve la falta de hogares de acogida familiares, que según su estudio cubren apenas el 40 % de la demanda.

El proceso de asignación de plazas está regulado por el Sistema de Información de Protección Infantil (SIPI), que permitirá a los servicios sociales de cada comunidad registrar y hacer seguimiento de los menores en tiempo real. La ministra Belarra afirmó que “el SIPI será la columna vertebral que garantice la transparencia y la rapidez en la respuesta a cada caso”.

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha subrayado que la medida española podría servir de modelo para otros países europeos que enfrentan flujos similares, siempre que se acompañe de un marco de integración sostenible.