El Gobierno amplía la acogida de menores migrantes en España

El Gobierno anunció hoy, 21 de julio de 2026, la ampliación de la capacidad de acogida de menores migrantes en todas las comunidades autónomas, una medida que busca responder al aumento sostenido de menores no acompañados detectado en los últimos años.

Incremento de plazas y distribución territorial

La decisión implica la creación de nuevas plazas en la red de protección infantil, elevando la capacidad total a cerca de 2 300 unidades. Cada comunidad recibirá un número de plazas proporcional a la población de menores bajo protección que haya atendido en 2022, según los datos publicados por la Dirección General de Servicios Sociales.

En la práctica, la Comunidad de Madrid obtendrá 300 plazas nuevas, mientras que Andalucía y Cataluña recibirán 250 y 240 respectivamente. El resto de regiones, desde Galicia hasta la Comunidad Valenciana, verán incrementos entre 120 y 180 plazas, lo que permite una cobertura más equilibrada y reduce la presión sobre los centros de acogida urbanos.

Respuesta de las comunidades autónomas

Las autoridades regionales han recibido la medida con buen ánimo, ya que facilita la planificación de recursos locales sin depender exclusivamente de la intervención del Estado. En Andalucía, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales señaló que la ampliación permitirá atender a todos los menores que lleguen antes de fin de año, evitando listas de espera que en ocasiones superaban los tres meses.

En el País Vasco, la estructura de atención se reforzará con la contratación de personal especializado en trauma infantil, una necesidad que había quedado en segundo plano por la escasez de puestos. Por su parte, Extremadura destacó la oportunidad de crear espacios de acogida en zonas rurales, lo que contribuirá a una distribución más homogénea del apoyo.

Impacto en la protección de menores y en la gestión de flujos migratorios

El aumento de la capacidad de acogida se traduce en una reducción esperada de los tiempos de procesamiento de solicitudes de protección, que en el pasado podían prolongarse hasta ocho semanas. Con más plazas disponibles, los servicios de acogida podrán asignar recursos de forma inmediata, lo que mejora la respuesta a situaciones de vulnerabilidad aguda.

Además, la medida refuerza el marco normativo establecido por la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que obliga a garantizar una atención adecuada a todos los menores extranjeros no acompañados. El refuerzo de la capacidad también permite que el Gobierno cumpla con los compromisos internacionales asumidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

En el contexto de la migración infantil, la ampliación se produce después de que en 2022 el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 informara que se registraron 1 246 menores extranjeros no acompañados bajo protección en toda España, cifra que superó en un 15 % al año anterior. Ese crecimiento sostenido había puesto de manifiesto la necesidad de adaptar la infraestructura de acogida a una realidad demográfica en constante evolución.

Los próximos pasos incluyen la puesta en marcha de los nuevos centros durante el tercer trimestre de 2026 y la evaluación de su ocupación a finales de año. El responsable de la política de acogida, el director general de Protección de la Infancia, será quien supervise la adaptación de los protocolos y la formación del personal.