Grande-Marlaska defiende su gestión de ocho años en el Congreso

Fernando Grande-Marlaska comparece este martes en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para presentar el balance global de Seguridad Ciudadana correspondiente al primer semestre de 2026. La aparición parlamentaria del titular de Interior sirve de hito para marcar ocho años ininterrumpidos al frente de la cartera, cifras que le convierten en uno de los ministros de Interior más longevos de la democracia española bajo un mismo mandato presidencial. El Ejecutivo utiliza esta cita para blindar la narrativa de estabilidad frente a una oposición que cuestiona la eficacia de las políticas migratorias y la coordinación policial.

La tendencia descendente de la criminalidad

El documento que Grande-Marlaska somete a debate de los diputados reconfirma la tendencia a la baja en la tasa global de delincuencia que se mantiene desde 2018. Los registros operativos del Ministerio constatan un descenso acumulado en los delitos contra la propiedad y las personas, situando a España en la cola de la Unión Europea en índices de criminalidad violenta. Este comportamiento estadístico se soporta en el despliegue de la Guardia Civil y la Policía Nacional en zonas estratégicas, así como en la implementación de planes de seguridad integral en capitales de provincia. Los datos del anterior año fiscal cerraron con una reducción en el número de hurtos y robos con violencia o intimidación, un indicador clave paraevaluar el impacto subjetivo de la seguridad en la ciudadanía.

Desafíos en la Frontera Sur y la ruta atlántica

La presión migratoria sigue siendo el frente más caliente para la gestión del departamento. Tras la consolidación de la ruta atlántica hacia las Islas Canarias como principal vía de entrada irregular en 2023 y 2024, la estrategia de 2026 ha pivotado hacia la cooperación externa. La reactivación de los acuerdos con Mauritania y Senegal, junto con la presencia de recursos españoles en la zona, han intentado frenar las salidas de embarcaciones (pateras y cayucos). No obstante, los recursos humanitarios y logísticos en las islas se mantienen al límite. El ministro argumentará que el control de fronteras se gestiona con estricto apego a la legalidad y a los convenios internacionales, rechazando los planteamientos externalización fronteriza propuestos desde sectores conservadores que no han prosperado en la Mesa de Diálogo Canarias.

El pulso legislativo sobre seguridad ciudadana

Otra de las líneas de acción que definen la gestión de Grande-Marlaska es la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Con la modificación del texto en el bienio 2021-2022, el Gobierno eliminó la sustanciación mediante multas y sanciones administrativas para la falta de respeto o desobediencia a la autoridad, reconfigurando el mapa de sanciones. La fiscalía general del Estado ha informado sobre un descenso en la interposición de sanciones de tipo administrativo. En paralelo, el ministerio ha impulsado unidades especializadas para combatir el cibercrimen y el terrorismo yihadista, que siguen siendo la amenaza transnacional prioritaria según los informes de inteligencia del Centro Nacional de Antiterrorismo (CNCA).

Grande-Marlaska llegó al Ministerio del Interior en junio de 2018 procedente de la carrera judicial, tras haber servido como magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 6. Su perfil técnico pretendía desideologizar un puesto tradicionalmente ligado a la dureza policial. La superación de la pandemia de COVID-19 demostró la capacidad del Estado para gestionar estados de alarma y confinamientos bajo su coordinación, aunque también generó controversias jurídicas y políticas sobre el límite de las liberties fundamentalles. Su capacidad para sobrevivir a crisis como la entrada de más de 10.000 personas en Ceuta en 2021 le ha granjeado la confianza de la Moncloa, pese a las críticas de los sindicatos policiales por cuestiones retributivas y de plantilla.

La comparecencia de hoy dibuja el escenario político para el tramo final de la legislatura 2023-2027. Con las elecciones generales a la vista para el año próximo, los grupos parlamentarios utilizarán las intervenciones para marcar la posición de cara a la campaña electoral sobre seguridad interna y vecindad sur. Las próximas semanas determinarán si Interior promueve nuevas iniciativas legislativas antes del final de mandato o si se limita a la gestión ordinaria para evitar la crispación política.