El Gobierno presenta presupuestos con déficit que supera el límite europeo y

El Gobierno presentó el proyecto de presupuestos generales para 2027 el lunes 1 de julio en Madrid, con una previsión de déficit que supera las metas europeas y que ya genera dudas entre los analistas.

Proyección del déficit y los límites de la UE

El documento preliminar indica un déficit primario situado entre el 2 % y el 2,5 % del Producto Interior Bruto (PIB), por encima del 2 % que la normativa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento establece como techo máximo. La Comisión Europea, que supervisa la disciplina fiscal, ha recordado en varios escritos que los Estados miembros deben mantener el déficit por debajo de ese umbral para evitar sanciones bajo el procedimiento de déficit excesivo.

El Banco de España, en su informe trimestral de junio de 2026, mantuvo la cifra de la deuda pública en torno al 115 % del PIB, una proporción que ya supera la barrera tradicional del 60 % de deuda estructural y que limitaba la capacidad de maniobra del Tesoro. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el crecimiento real del PIB en 2025 fue del 1,4 %, lo que reduce el denominador sobre el que se reparte el déficit y agrava la presión sobre las finanzas públicas.

Reacciones del mercado y de la oposición política

Los bonos soberanos a diez años subieron 5 puntos básicos tras la publicación del proyecto, según Bloomberg, indicando que los inversores exigen una prima de riesgo mayor para compensar la posible vulnerabilidad fiscal. En el Congreso, el portavoz del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, calificó la propuesta de “una apuesta arriesgada que pone en entredicho la estabilidad macroeconómica”. Por su parte, el líder de Sumar, Íñigo Errejón, acusó al Ejecutivo de “priorizar gastos populistas en detrimento de la solvencia”.

En el ámbito de la opinión experta, María del Mar García, directora del Centro de Estudios Monetarios, advierte que la combinación de déficit elevado y deuda alta podría elevar los costes de financiación para las empresas españolas, ralentizando la recuperación que el mercado laboral mostró en los últimos trimestres.

Desafíos internos: ajustes de gasto, ingresos y presión social

El proyecto contempla un aumento del gasto social del 3,2 % respecto al año anterior, destinado a reforzar la sanidad pública y la transición ecológica. Sin embargo, la política tributaria mantiene el tipo impositivo máximo en 47 %, sin introducir nuevos gravámenes que compensen la ampliación del gasto. La Confederación de Empresarios de España (CEOE) ha advertido que esa falta de recursos fiscales podría traducirse en recortes posteriores o en una mayor presión sobre el déficit estructural.

Las organizaciones sindicales, por su parte, han reivindicado una mejora salarial mínima del 2 % para 2027, argumentando que la inflación acumulada en los últimos doce meses supera el 5 %. La tensión entre la necesidad de estimular la demanda y la obligación de contener el déficit plantea un dilema que el Ejecutivo deberá resolver antes de la votación final.

En el pasado reciente, el Gobierno de 2022 había presentado un presupuesto con un déficit del 7 % del PIB, una cifra extraordinaria provocada por la crisis sanitaria y la caída de la actividad económica. Desde entonces, las proyecciones han ido afinándose, pero la sombra de los desequilibrios fiscales persiste, y los analistas recuerdan que la trayectoria de déficit es tan importante como el nivel puntual.

El próximo debate en el Congreso, programado para la semana del 10 de julio, determinará si el Gobierno ajustará el gasto o incrementará los ingresos antes de que el Tribunal de Cuentas emita su informe definitivo. La decisión final influirá en la credibilidad de España frente a los mercados y en la capacidad de obtener financiación a precios competitivos en los próximos años.