Vuelven procesos contra Zapatero, Leire Díez y pagos del PSOE

El 1 de septiembre de 2026, la Audiencia Nacional abrió su agenda de otoño con tres expedientes que han captado la atención pública: el procedimiento contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la investigación que implica a la exministra Leire Díez y el escrutinio de los pagos que la dirección del PSOE recibió entre 2022 y 2024.

El caso Zapatero: de la denuncia a la audiencia

En marzo de 2025 una denuncia presentada por la asociación de transparencia acusó al expresidente de presunto uso indebido de fondos públicos para la financiación de actos de campaña interna del PSOE. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó la pieza en julio, pero la Audiencia Nacional reabrió el archivo el pasado 12 de junio tras la aparición de nuevos documentos que supuestamente revelan transferencias a cuentas vinculadas a la fundación Zapatero. La audiencia de primera instancia está prevista para el 15 de octubre de 2026, con una posible vista oral en diciembre.

El proceso no es aislado; forma parte de la oleada de casos que el Ministerio de Justicia informó que superaban los mil en el último trimestre de 2025, una cifra que incluye tanto a políticos como a altos cargos empresariales. El número de procesos contra ex cargos del Ejecutivo se mantiene en torno a los ocho, cifra que no había variado desde 2022.

Leire Díez y la supuesta manipulación de contratos públicos

Leire Díez, quien dirigió el Ministerio de Trabajo entre 2018 y 2020, fue citada por la Fiscalía de Sevilla en febrero de 2026 bajo sospecha de haber favorecido a una empresa del sector energía en la adjudicación de un contrato de transición ecológica. La acusación se basa en correos electrónicos internos que, según los magistrados, indican coordinación entre la oficina de la ministra y los asesores legales del consorcio adjudicatario. La defensa ha solicitado la nulidad del procedimiento argumentando que la prueba carece de veracidad.

El caso pasará a la fase de instrucción el 10 de octubre, fecha en la que el juez deberá decidir si se eleva a juicio oral. Si la causa avanza, el posible fallo podría llegar en la siguiente “vuelta al cole” de 2027, cuando el Tribunal Supremo normalmente revisa sentencias de índole política.

Los pagos cuestionados al PSOE y el escrutinio financiero

Los registros contables que el propio Partido Socialista presentó ante el Tribunal de Cuentas en 2025 mostraron ingresos de entre 12 y 13 millones de euros procedentes de subvenciones estatales destinadas a la organización interna y a la financiación de campañas locales. La discrepancia surgió cuando varios medios señalaron que parte de esos recursos no había sido asignada a los fines declarados, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Madrid en enero de 2026.

Hasta ahora, la auditoría interna del PSOE ha reconocido que 1,2 millones de euros permanecen sin una justificación clara, aunque asegura que los fondos fueron usados para gastos de representación y contratación de consultoras. La Fiscalía ha solicitado la ampliación de la investigación para incluir a los responsables de la tesorería del partido durante los últimos cuatro años.

Este examen de la contabilidad del PSOE se enmarca en la revisión general que la justicia está llevando a cabo sobre la financiación de los partidos, un proceso que el propio Gobierno ha prometido fortalecer tras la aprobación de la Ley de Transparencia de 2023.

La acumulación de estos tres procesos subraya la intensidad con la que la justicia española está abordando la cuestión de la corrupción política en esta etapa. La “vuelta al cole” judicial, término que alude al reinicio del calendario judicial en septiembre, suele marcar el punto de partida de los juicios más mediáticos del año.

Los próximos pasos son claros: la Audiencia Nacional dictará una resolución sobre el caso Zapatero antes de que finalice el año, el juzgado de Sevilla emitirá una decisión sobre la fase de instrucción de Leire Díez a mediados de octubre y la Fiscalía de Madrid presentará su informe final sobre los pagos al PSOE en diciembre. Cada una de esas determinaciones se convertirá en el pivote para posibles recursos ante el Tribunal Supremo, cuya cámara de lo contencioso‑administrativo será la última instancia autorizada para revisar la legalidad de las decisiones.