Antonio Anglés sigue prófugo 33 años después del crimen de Alcàsser

Antonio Anglés, principal sospechoso del asesinato de Miriam y Desirée en Alcàsser, sigue prófugo desde la fallida detención del 13 de noviembre de 1993 en la frontera entre Portugal y España, y la investigación permanece abierta en el territorio español.

Orden judicial y medidas de captura

En 1994 se emitió una orden de detención internacional que permanece activa; la Fiscalía de la Audiencia Nacional renovó la alerta por fuga en 2022, manteniendo la solicitud ante Interpol. Desde entonces, la Guardia Civil ha dedicado recursos de la unidad de lucha contra el crimen organizado a rastrear cualquier pista, aunque sin éxito concreto. En 2025, el Ministerio del Interior informó que se realizaron cerca de 1.200 operativos de captura vinculados a fugitivos de alto riesgo, sin que se haya localizado al sospechoso.

Impacto en la política de seguridad española

El caso de Antonio Anglés impulsó la creación, en 1994, de la unidad antiterrorista y de crimen organizado de la Guardia Civil, que reformó sus protocolos de seguimiento de fugitivos. La experiencia también motivó la aprobación de la Ley de Cooperación Judicial Internacional de 1996, que facilitó el intercambio de datos entre autoridades de la UE y la ONU. En los últimos años, la normativa ha incorporado la identificación biométrica como requisito para el tránsito en la zona Schengen, aunque los registros de entrada no han revelado la presencia de Anglés.

Desarrollos recientes y retos de la búsqueda

En los últimos dos años se ha intensificado la colaboración con agencias de seguridad de América Latina, dado que rumores apuntan a posibles refugios en la costa del Caribe. Sin embargo, las investigaciones realizadas en 2024 y 2025 en puertos de Portugal y España no arrojaron indicios verificables. Por su parte, los avances tecnológicos en análisis de datos no han logrado cruzar la información de tarjetas SIM desechadas que podrían haber sido usadas por el fugitivo.

Aunque la prensa ha especulado sobre su posible fallecimiento, los registros oficiales siguen considerando a Antonio Anglés como una persona viva y en fuga. El expediente judicial señala que la pena máxima que podría enfrentar, de 30 años de prisión, permanece sin ejecutar. Sin una captura, la sentencia no podrá cumplirse, lo que mantiene vigente el debate sobre la efectividad de las medidas de persecución a largo plazo.

El caso también ha repercutido en la opinión pública, generando una desconfianza persistente hacia las instituciones encargadas de la seguridad. Encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística en 2023 mostraron que el 42 % de los encuestados consideraba insuficiente la actuación policial en casos de fugitivos de alto perfil, un dato que ha motivado reformas en la estrategia de comunicación institucional.

En septiembre de 2026, la Audiencia Nacional revisará la solicitud de extensión de la orden de detención provisional, y el Consejo de Ministros evaluará la posibilidad de crear una comisión especial para casos sin resolver que requieran recursos interinstitucionales. La decisión será determinante para definir si se mantienen o se actualizan los mecanismos de colaboración internacional que buscan cerrar la brecha entre los 30 años de persecución y la captura definitiva.