Reino Unido ordena eliminar espacios segregados por género

El Gobierno británico ha publicado una directriz que obliga a reconvertir miles de espacios públicos segregados por género en todo el Reino Unido. La medida, que afecta a vestuarios, baños y salas de cambio de centros deportivos, oficinas públicas y edificios institucionales, entra en vigor de forma inmediata y da un plazo de adaptación que se extiende hasta el 1 de abril de 2027.

Una instrucción que derriba las puertas de los vestuarios

El Ministerio de Igualdad, Vivienda y Comunidades, en coordinación con el departamento de Educación, ha remitido una circular a todas las autoridades locales, consejos escolares y gestores de instalaciones públicas. El texto indica que ningún espacio financiado con fondos públicos podrá mantener la división por sexo biológico como criterio único de acceso. Las instalaciones deberán ofrecer alternativas de uso mixto —con cabinas individuales o mamparas hasta el techo— o bien baños y vestuarios de uso individual sin marca de género. La directriz no prohíbe la existencia de espacios separados, pero exige que, donde existan, se ofrezca siempre una opción equivalente sin distinción. El incumplimiento podría suponer la retirada de subvenciones o la exigencia de devolver fondos ya concedidos.

El impacto en las escuelas y las piscinas municipales

El colectivo más afectado por la instrucción es el de los centros educativos. Millares de colegios públicos e institutos secundarios de Inglaterra, Gales y Escocia mantienen vestuarios y aseos separados para niños y niñas. La directriz les obliga a rediseñar esas instalaciones sin que ello suponga un gasto adicional inasumible. Las administraciones locales han recibido instrucciones del Ejecutivo para priorizar la reconversión en aquellos centros donde haya constancia de incidentes relacionados con la identidad de género o quejas de alumnos y familias. El mismo criterio se aplica a las piscinas municipales y los polideportivos. En estos espacios, la división por género ha sido la norma desde la construcción de la mayoría de ellos, a menudo en los años setenta y ochenta. La actualización arquitectónica requerirá, en muchos casos, obras de tabiquería y fontanería de cierta entidad.

Controversia política y reacciones encontradas

La medida no ha sorprendido a quienes siguen el debate público británico de los últimos cinco años. El tema de los espacios segregados ha sido uno de los más recurrentes en los medios del país, con episodios como el de la piscina de Hampstead (Londres), donde un grupo de usuarias denunció sentirse incómodas al compartir vestuario con hombres transexuales. Aquel incidente, ocurrido en 2023, aceleró las consultas entre el ministerio y las asociaciones de autoridades locales. La directriz actual se inscribe en una política más amplia del Gobierno laborista, que desde su llegada al poder en 2024 ha impulsado reformas en la Ley de Igualdad de 2010 y en la normativa de transexualidad. La oposición conservadora y algunos sectores del propio partido laborista han criticado la medida por considerarla una imposición burocrática que ignora las preocupaciones de privacidad de las mujeres. La directriz, sin embargo, no elimina la posibilidad de mantener espacios separados: los exige cuando exista un interés legítimo de intimidad —por ejemplo, duchas abiertas—, pero obliga a ofrecer siempre la alternativa sin segregación.

La comparación con otros países y las consecuencias jurídicas

La decisión del Reino Unido no es un caso aislado en Europa. Países como Noruega o Suecia ya cuentan con recomendaciones similares para edificios públicos de nueva construcción, aunque sin el carácter vinculante que tiene la directriz británica. En España, la Ley Trans de 2023 no aborda específicamente la organización de baños y vestuarios, aunque varias comunidades autónomas han empezado a regular por su cuenta. Cataluña aprobó en 2025 un protocolo para que los centros educativos permitan a los alumnos usar las instalaciones correspondientes a su género sentido. La diferencia principal con la medida británica es que el Gobierno español no ha dictado una instrucción única de obligado cumplimiento. A partir de ahora, cualquier persona que acceda a una instalación pública en el Reino Unido podrá recurrir a la autoridad local si no encuentra una opción que respete su identidad de género. Los tribunales, previsiblemente, recibirán un goteo de reclamaciones durante los próximos meses. La directriz no establece un modelo único de reconversión, lo que deja un margen de interpretación que los ayuntamientos tendrán que resolver con sus propios recursos técnicos.