EEUU persigue a deportados en el exterior para cobrar multas

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ha anunciado una operación para rastrear a migrantes que fueron expulsados del país y exigirles el pago de las multas pendientes por infracciones migratorias.

Marco legal de las sanciones económicas

La legislación migratoria de EE. UU., contenida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, autoriza la imposición de multas a quienes reinciden después de una deportación. El artículo 236 del código establece que la reincidencia puede conllevar una sanción de hasta quinientos dólares por cada violación detectada, sin limitaciones de acumulación. Estas penalidades, conocidas como "civil monetary penalties" (CMP), se aplican de forma independiente al proceso de enjuiciamiento penal y pueden ser ejecutadas aun cuando el individuo se encuentre fuera del territorio estadounidense.

Desde que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) implementó en 2022 un sistema de seguimiento transfronterizo, el número de expedientes abiertos ha crecido. En el último informe financiero publicado por la agencia, la recaudación por concepto de multas ascendió a varios millones de dólares, aunque una parte importante de la suma sigue sin recuperarse porque los deudores ya no están bajo la jurisdicción directa de EE. UU.

Mecanismo de localización en el exterior

Para identificar a los migrantes que ya no residen en territorio estadounidense, ICE utiliza la red de notificaciones de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Cada caso se marca con una alerta de tipo "rojo", la cual permite a las autoridades de los países de destino ofrecer asistencia en la localización y, en algunos casos, en la incautación de bienes para garantizar la satisfacción de la deuda.

En colaboración con gobiernos de América Central y del Caribe, la agencia ha establecido convenios de asistencia judicial que facilitan la ejecución de embargos sobre cuentas bancarias y propiedades. La cooperación se basa en tratados bilaterales de asistencia legal mutua, que ya fueron activados en más de una docena de situaciones desde principios de 2024. Además, ICE cuenta con equipos especializados en análisis de datos migratorios que cruzan información de vuelos, registros de visas y bases de datos de empleo para rastrear la ubicación de los individuos.

Repercusiones para los migrantes y el entorno diplomático

El nuevo enfoque genera incertidumbre entre las comunidades migrantes que ya viven en países como México, Guatemala y Honduras. Muchos de ellos temen que la presión financiera pueda obligar a regresar a EE. UU. con mayor riesgo de detención o incluso a aceptar ofertas de regularización que implican condiciones restrictivas.

Desde el punto de vista diplomático, la medida ha suscitado preguntas sobre la soberanía de los estados receptores. Algunas autoridades latinoamericanas han señalado que la captura de activos en su territorio necesita un marco legal claro y respetar los procedimientos judiciales internos. La tensión se ha visto reflejada en declaraciones oficiales que piden un diálogo estrecho para evitar que la cooperación transfronteriza se convierta en un instrumento de coerción.

Para los defensores de derechos humanos, la práctica representa un riesgo de vulnerar principios de proporcionalidad y debido proceso. Argumentan que las multas, aunque económicas, pueden generar un castigo desproporcionado cuando se suman a las dificultades ya existentes de los migrantes, como la falta de acceso a servicios básicos y la estigmatización social.

En el contexto de la política migratoria de EE. UU., la iniciativa se alinea con la intención de los últimos gobiernos de reforzar la disuasión al impedir que la deportación sea percibida como el final de un proceso. El objetivo declarado es crear un efecto cascada que desincentive la re‑entrada ilegal y, a la vez, generar recursos para los programas de retorno y reintegración.

Sin embargo, el impacto real dependerá del nivel de colaboración internacional y de la capacidad de ICE para ejecutar sentencias financieras en jurisdicciones ajenas. La falta de datos públicos sobre la efectividad de los embargos y la tasa de recuperación de los montos adeudados deja abierto el debate sobre la viabilidad a largo plazo de la estrategia.

En los próximos meses, la agencia prevé ampliar la red de contactos con autoridades consulares y judiciales de al menos cinco países más, con el objetivo de incrementar el número de casos activos y cerrar los cobros pendientes. La evolución del proceso será observada tanto por organizaciones migratorias como por organismos de seguridad que evalúan la contribución de las sanciones a la política de control de fronteras.