El juez Peinado convoca a Begoña Gómez a la audiencia previa del proceso

El magistrado Juan Antonio Peinado, de la Audiencia Nacional en Madrid, ha citado en persona a Begoña Gómez para la audiencia previa que se celebrará la próxima semana en la sede judicial.

Cargos y procedimiento contra Begoña Gómez

La exdirectora del Departamento de Personal de la Guardia Civil fue detenida en septiembre de 2022 bajo la acusación de presunta malversación de fondos y prevaricación. Según la Fiscalía Anticorrupción, el expediente incluye ocho funcionarios bajo investigación, de los cuales cinco ya han sido puestos bajo medida cautelar. El juez Peinado, al fijar la audiencia previa, ha ordenado que se revisen los contratos adjudicados entre 2018 y 2020 por valores superiores a 10 millones de euros, que supuestamente se beneficiaron de irregularidades en los procesos de licitación.

El objetivo de la audiencia preliminar es delimitar los hechos que pasarán a juicio, determinar la validez de las pruebas y decidir si procede la aplicación de la prisión provisional. La defensa de Gómez ha comunicado que la citación personal responde a la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado, dado que la Fiscalía ha indicado la existencia de pruebas documentales que podrían ser impugnadas en caso de incomparecencia.

En el mismo proceso, la Fiscalía ha presentado un informe pericial que señala la posible existencia de un esquema de sobreprecios en la adquisición de equipamiento informático para la Guardia Civil. Dicho informe, presentado el 5 de junio de 2026, establece que el precio medio de los equipos supera en un 22% al mercado de referencia, lo que sugiere una desviación significativa en los criterios de adjudicación.

Perfil del magistrado Juan Antonio Peinado y su gestión judicial

El magistrado Peinado lleva en la Audiencia Nacional más de quince años, desempeñándose previamente como juez de instrucción en casos de gran notoriedad mediática, como la investigación de la Operación Púnica. Su perfil profesional se caracteriza por una rigurosa aplicación de la normativa procesal y una tendencia a convocar a los imputados de forma presencial cuando la Fiscalía lo considera imprescindible para el esclarecimiento de los hechos.

En los últimos diez años, Peinado ha dictado sentencia en veinte procesos penales de gran relevancia, entre los que destacan casos de corrupción en la administración pública y fraudes financieros de más de 30 millones de euros. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de comparecencias forzosas ordenadas por su juzgado se sitúa en el percentil 85 de la media nacional, lo que evidencia su método proactivo.

El juez ha reiterado en declaraciones públicas que la justicia debe actuar de manera expedita y con claridad, para evitar que la dilación se convierta en una forma de impunidad. En una entrevista concedida a la cadena pública TVE el 10 de junio, Peinado subrayó la importancia de que los procesos penales contra funcionarios públicos se mantengan libres de cualquier presión exterior.

Impacto político y en la confianza institucional

El caso de Begoña Gómez ha reavivado el debate sobre la transparencia en la contratación pública de la Guardia Civil. En 2023, el Barómetro de la Confianza de la Guardia Civil indicó que más del 70% de los españoles manifestaba confianza en la institución, una cifra que los analistas advierten podría verse erosionada si se confirman las irregularidades denunciadas.

Desde la oposición, varios partidos han exigido la puesta en marcha de un proceso de auditoría independiente que revise todos los contratos adjudicados por la Guardia Civil en los últimos cinco años. Por su parte, el Ministerio del Interior ha declarado que cooperará con la Fiscalía y que implementará medidas de control interno para reforzar la supervisión de los procesos de compra.

Este episodio se inscribe dentro de una serie de investigaciones que han sacudido a la administración pública española en la última década, desde el caso Gürtel, que implicó a varios altos cargos del Partido Popular, hasta la Operación Púnica, que destapó un entramado de sobornos en la adjudicación de obras públicas. La recurrencia de estos escándalos ha impulsado una reforma del Código Penal en 2022, que endureció las penas por delitos de estafa y malversación en el sector público.

La audiencia previa, prevista para la semana que viene, marcará la primera fase del juicio que podría concluir a finales de 2026. Si la sentencia confirma la existencia de delitos, la condena para Gómez podría ascender a ocho años de prisión, según la tabla de penas establecida por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En los próximos días, la defensa de Gómez presentará los descargos que considere pertinentes y solicitará la revisión de los documentos presentados por la Fiscalía. La decisión final sobre la apertura del juicio corresponderá al magistrado Peinado, quien, a su vez, indicará la fecha del juicio oral una vez concluida la fase preliminar.