El Gobierno desbloquea más de 40.000 plazas para nuevas op

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a las directrices de la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2026, que fijará un mínimo de 40.000 nuevas plazas en la Administración General del Estado. Esta cifra mantiene la línea de crecimiento de los últimos dos años y busca responder a la demanda de estabilidad laboral mientras finalizan los procesos de estabilización de personal temporal derivados de la Ley 20/2021 de Función Pública.

El reparto por ministerios y la prioridad sanitaria

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha detallado que los departamentos con mayor volumen de incorporaciones serán, una vez más, Sanidad, Educación y el propio área de Hacienda. Las fuentes presidenciales confirman que el objetivo es renovar la plantilla ante la elevada tasa de jubilaciones previstas para el segundo semestre del año. En concreto, se espera que el grupo A1 y A2 —técnicos y licenciados— acapare más del 60 % de las convocatorias, un porcentaje que supera ligeramente la media histórica.

Este reparto responde a una necesidad operativa detectada en los últimos informes de la Fuerza de Trabajo. Mientras Sanidad precisa reforzar las áreas de atención primaria y emergencias tras la presión pospandémica, Seguridad Nacional y el Ministerio del Interior han solicitado aumentar sus cupos para cubrir vacantes en cuerpos policiales y de vigilancia aduanera.

Nuevos criterios de selección tras la jurisprudencia

Los procesos selectivos de 2026 incorporarán cambios significativos en los sistemas de oposición. Tras las sentencias del Tribunal Supremo de finales de 2025, que obligaron a revisar el peso de los méritos en fase de concurso, las pruebas se ajustarán para dar prioridad absoluta al ejercicio de oposición. El baremo de méritos sufrirá una drástica reducción en su puntuación máxima, pasando a ser un complemento residual en la nota final en lugar de un factor determinante.

Esta modificación legal busca blindar la igualdad de oportunidades y evitar el «baremazo» que denunciaron distintos sindicatos en 2024. Los aspirantes deberán centrar su preparación en las pruebas de conocimiento, exámenes orales o escritos, que pasarán a constituir hasta el 80 % de la puntuación total en los cuerpos de Grupo A1, frente al 60 % que regía en anteriores convocatorias.

Revaloración salarial y condiciones económicas

Los presupuestos generales del Estado para este ejercicio, que entraron en vigor el pasado 1 de enero, incluyen una revalorización salarial del 2,5 % para los funcionarios. Este incremento se suma a la subida de dos puntos porcentuales ya aplicada en 2025 y busca recuperar el poder adquisitivo perdido tras una década de congelaciones salariales parciales. Además, se mantiene la eliminación del tope máximo de trienios para ciertos colectivos, beneficiando directamente a los empleados con mayor antigüedad.

La integración del pago de la paga extra de julio y Navidad en 12 pagas —una medida históricamente demandada por CSIF y CCOO— sigue en negociación. Aunque el Gobierno ha pactado para 2026 un abono fraccionado de las pagas extraordinarias para ciertos cuerpos técnicos, la generalización completa para todo el colectivo funcionarial no se ha materializado y dependerá de los fondos disponibles tras el cierre del primer trimestre fiscal.

España se encuentra inmersa en la transformación definitiva de su modelo de función pública, impulsada por la directiva europea de estabilidad laboral. La reducción de la temporalidad, que superaba el 30 % hace apenas cinco años, se sitúa actualmente por debajo del 8 % gracias a esta sucesión de ofertas de empleo masivas. Los miles de opositores que prepararán los exámenes este otoño se enfrentan a un escenario más riguroso en las pruebas, pero con una salida profesional más rápida y con mejores condiciones retributivas que las de los contratos laborales del sector privado.

El decreto de la OEP 2026 se publicará en el Boletín Oficial del Estado durante el mes de octubre, iniciando así el plazo oficial de presentación de solicitudes. Las primeras pruebas escritas para la Administración General del Estado no comenzarán hasta el primer trimestre de 2027.