Rita Barberá fallece mientras su caso de corrupción sigue abierto en Valencia

Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia y líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, falleció el 23 de noviembre de 2016 a los 71 años mientras estaba bajo investigación por presunta corrupción.

Los antecedentes judiciales que rodearon a la mandataria valenciana

Barberá gobernó la ciudad desde 1995 hasta 2015, convirtiéndose en la alcaldesa con más años de mandato en la historia reciente de España. Su gestión coincidió con el auge del PP a nivel nacional y con la expansión de la llamada "Operación Malaya", una investigación que comenzó en 2006 y se centró en la adjudicación irregular de contratos municipales. En 2015, la Fiscalía abrió una causa contra la exalcaldesa por supuesta financiación ilícita del partido y presunta participación en una trama de tráfico de influencias.

El expediente judicial se mantuvo abierto tras su fallecimiento, ya que la normativa española permite la continuación de la investigación contra personas fallecidas cuando existen indicios de delito que pueden implicar a terceros. La Audiencia Provincial de Valencia acordó, en marzo de 2016, que los investigadores seguirían analizando la contabilidad del PP valenciano para determinar si había recursos ocultos vinculados a la campaña electoral de 2014.

El caso de Barberá se inserta en un contexto de escándalos que han estremecido al PP desde la década de 2000. La operación Gürtel, descubierta en 2009, llevó a la condena de varios dirigentes del partido en distintas comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana, la trama Malaya provocó la caída de varios consellers y la dimisión del presidente regional en 2016. Esa oleada de procesos judiciales creó un entorno de presión que impidió la normalización interna del partido.

Impacto del proceso sobre la estructura del Partido Popular en la Comunidad Valenciana

Tras la apertura de la causa contra Barberá, el PP valenciano experimentó una serie de reestructuraciones internas. En 2016, la dirección autonómica quedó vacía y la figura de la "casa de la política" se transformó en un espacio de transición bajo la supervisión de la dirigencia nacional. Las elecciones autonómicas de 2019 mostraron una caída del 12% en la cuota de voto del PP respecto al mandato anterior, un descenso que los analistas atribuyeron en parte a la pérdida de credibilidad tras la serie de escándalos.

La falta de una sucesora clara para Barberá también provocó tensiones entre las facciones de la organización. Algunos dirigentes defendieron una estrategia de renovación basada en la transparencia, mientras que otros insistieron en preservar la línea tradicional del partido. La disputa interna se reflejó en la composición del Comité Ejecutivo autonómico, que pasó de ocho a cinco miembros en 2020, reduciendo la representación de los antiguos allegados a la exalcaldesa.

Repercusiones actuales y los próximos pasos judiciales

En 2024, la Fiscalía solicitó la ampliación del plazo para la práctica de pruebas en el caso Barberá, argumentando que la investigación había descubierto nuevas vinculaciones financieras entre la cuenta corriente del PP valenciano y una empresa constructora que había ganado varios contratos municipales entre 2008 y 2014. La Audiencia Provincial, en una resolución de julio de 2024, concedió la prórroga y estableció que el juzgado tendría hasta finales de 2026 para presentar el informe definitivo.

El eventual cierre del expediente podrá implicar la imposición de sanciones económicas al partido, con la posibilidad de que la Dirección General de Patrimonio del Estado recupere fondos que se consideren fruto de la supuesta malversación. Además, la conclusión del proceso podría desencadenar nuevas investigaciones en otras comunidades donde el PP haya sido acusado de prácticas similares, ampliando el alcance de la polémica a nivel nacional.

Se espera que, en los próximos meses, el tribunal emita un dictamen preliminar que determinará si se seguirán persiguiendo responsabilidades penales contra personas vivas vinculadas al caso. La decisión recaerá en la Audiencia Provincial de Valencia, cuyo presidente está encargado de dirigir la fase final del procedimento. La resolución final, que se anticipa para el primer trimestre de 2027, marcará el cierre de una de las páginas más controvertidas de la política valenciana contemporánea.