Interior acelera el plan antiterrorista tras la alerta de la UE

El Ministerio del Interior activó el pasado lunes la fase 4 del Plan de Protección de Infraestructuras Críticas, un escalón operativo que solo se había empleado en dos ocasiones desde 2015. La decisión llegó 48 horas después de que la Comisión Europea notificara a los Estados miembros un incremento del nivel de amenaza terrorista, sin concretar países ni objetivos, pero señalando a células durmientes vinculadas al autodenominado Estado Islámico en su rama afgana.

La fase 4 del plan de infraestructuras críticas

El protocolo, que el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska activó, implica la movilización de unidades especiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en torno a centrales nucleares, grandes nudos ferroviarios, plantas petroquímicas y redes de distribución de agua potable. Fuentes internas del departamento confirmaron que se han reforzado los controles en los accesos a las cuatro centrales nucleares activas —Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellòs— y en las subestaciones eléctricas que abastecen a Madrid y Barcelona. Durante la fase 3, vigente desde octubre de 2023, se habían desplegado patrullas aleatorias; ahora los agentes permanecen en puntos fijos con capacidad de respuesta inmediata. Interior no ha detallado el número de efectivos movilizados, pero cálculos de la propia dirección general sitúan el refuerzo en torno a un 30% respecto a la dotación habitual.

La sombra del Estado Islámico llega desde Kabul

La alerta de Bruselas no es un brindis al sol. Desde la caída de Kabul en agosto de 2021, el ISIS-K —la rama del Estado Islámico en Jorasán— ha reorganizado sus redes de captación y financiación a través de canales cifrados, según los informes que el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha distribuido a las fuerzas de seguridad. España fue objetivo directo de esta estructura en 2017, cuando los atentados de Barcelona y Cambrils, reivindicados por el Daesh, dejaron 16 muertos y más de 130 heridos. Aquella célula, desarticulada tras el ataque, operaba desde Alcanar (Tarragona) sin que los servicios antiterroristas hubieran detectado la radicalización de sus miembros hasta días antes. Ahora el patrón se repite con variantes: los reclutadores ya no necesitan un imán local; operan desde el extranjero con mensajes grabados y documentación falsificada para obtener visados de estancia corta.

Grande-Marlaska esquiva la comparecencia parlamentaria

El Congreso de los Diputados ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior para explicar los detalles de la activación de la fase 4 y el grado de coordinación con las comunidades autónomas. De momento, Grande-Marlaska ha delegado la respuesta en la secretaria de Estado de Seguridad, Rafaela Valenzuela, quien comparecerá el próximo 14 de agosto ante la comisión correspondiente. La oposición ha criticado la opacidad del ministerio: el PP presentó una pregunta escrita sobre el coste económico del despliegue, aún sin respuesta. ERC y Junts han ido más lejos y han anunciado que preguntarán si existen células identificadas en Cataluña, donde ya se activaron los protocolos autonómicos de protección civil el pasado martes.

No es la primera vez que este departamento se enfrenta a críticas por falta de transparencia. En 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió una reclamación contra Interior por negarse a detallar el número de agentes que vigilan las fronteras con Francia y Portugal, dato que el ministerio sigue considerando clasificado. La decisión ahora se produce en un contexto electoral en Alemania y Francia, donde el auge de partidos de ultraderecha ha puesto el foco en las políticas migratorias y de seguridad. Interior insiste en que el plan responde exclusivamente a criterios técnicos y no a la presión política.

La UE pide coordinar el control de fronteras Schengen

El mecanismo de alerta europeo que desencadenó la activación del plan no es una mera comunicación administrativa. Según fuentes comunitarias consultadas por esta redacción, la Comisión ha instado a los 27 países miembros a reforzar los controles aleatorios en las fronteras interiores del espacio Schengen durante al menos tres meses. España, con dos fronteras exteriores —Ceuta y Melilla con Marruecos, y el estrecho de Gibraltar hacia el territorio británico—, es uno de los puntos de entrada más vulnerables, sobre todo por el tráfico marítimo de inmigrantes irregulares. En 2025, las Fuerzas de Seguridad interceptaron a 57 personas vinculadas a redes de captación yihadista, una cifra que duplica la de 2023. El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, y el italiano, Matteo Piantedosi, han anunciado medidas unilaterales en sus respectivos países, lo que ha generado tensiones con la Comisión, partidaria de una respuesta coordinada.

Pasados los primeros siete días de la activación, Interior presentará un informe de evaluación interna que servirá para decidir si se mantiene la fase 4 o se regresa a la 3. La fecha clave será el 20 de septiembre, cuando el Consejo de Ministros debatirá la prórroga del plan. Si la amenaza se mantiene, la prórroga es casi segura; si decrece, el Gobierno podría rebajar el nivel antes de que termine el verano. La decisión final, sin embargo, no depende solo de los datos de inteligencia: influye también el escenario político del otoño, con unos presupuestos generales en tramitación y una negociación abierta con Junts y ERC para aprobar las cuentas de 2027.