Meloni otorga una segunda oportunidad a los centros de deportación en Albania

Giuseppe Meloni, presidente del Gobierno italiano, presentó el viernes 14 de junio de 2026 una nueva iniciativa para reabrir los centros de deportación en Albania, tras la orden de cese emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en marzo de 2025.

El veto judicial que paralizó los centros en 2025

En marzo de 2025, el Tribunal de Justicia anuló el contrato firmado entre Italia y Albania para la gestión de dos centros situados en Durrës y Vlorë, argumentando violaciones de derechos humanos en la normativa de detención. El comunicado del tribunal señaló que la falta de garantías de acceso a asistencia legal y la ausencia de auditorías independientes contravenían la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Tras la sentencia, el Ministerio del Interior italiano informó que los centros permanecían cerrados y que se había puesto en marcha un proceso de revisión interna.

La decisión judicial provocó la devolución de 120 millones de euros destinados a la construcción y equipamiento de los recintos. Según el informe del Ministerio de Interior, publicado el 12 de junio de 2026, cada instalación fue diseñada para albergar aproximadamente mil personas, con capacidad total para unos dos mil migrantes. El fondo inesperado se quedó inactivo, a la espera de una resolución política.

La propuesta de Meloni para reactivarlos

En la misma sesión del Consejo de Ministros, Meloni anunció una “segunda oportunidad” que contempla la revisión de los protocolos de detención y la inclusión de inspectores de derechos humanos internacionales. El plan prevé la asignación de 80 millones de euros adicionales, destinados a financiar la capacitación del personal y la instalación de sistemas de monitorización electrónica.

El presidente declaró: “Reabriremos los centros bajo un marco que respete la dignidad de todas las personas y garantice la seguridad fronteriza de Europa”. La cita provino de la conferencia de prensa en el Palazzo Chigi, donde el vocero del gobierno, el ministro de Interior, Alessandro Mancini, explicó que la reapertura está prevista para el tercer trimestre de 2026, siempre que el Parlamento apruebe la enmienda al decreto de 2024 que regulaba la cooperación con Albania.

además, el gobierno italiano firmó un memorando con el Ministerio de Interior albanés, encabezado por Bledar Çuçi, que establece un comité binacional de supervisión compuesto por ocho expertos, cuatro de cada país. El acuerdo incluye la obligación de publicar informes trimestrales sobre el número de detenidos, los procedimientos de revisión y los incidentes de salud.

Repercusiones internacionales y próximas decisiones

La Comisión Europea emitió un comunicado el 15 de junio de 2026, recordando que cualquier medida de devolución debe cumplir estrictamente la normativa de la UE y los principios del derecho internacional. La portavoz de la Comisión, Elisa Borgi, subrayó que “el seguimiento será riguroso y cualquier irregularidad desencadenará sanciones”.

Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y la fundación italiana Libera denunciaron el proyecto, alegando que la mera existencia de los centros implica riesgos de abusos. La directora de Amnistía en Italia, Giulia Rossi, instó a que se priorice la asistencia humanitaria en los puertos de Brindisi y Bari, en lugar de ampliar la red de detención.

El Parlamento italiano, que debate la iniciativa desde el 18 de junio, tiene programada una votación preliminar el 30 de junio. Si la propuesta supera la mayoría mínima, el texto será remitido al Senado para su ratificación, lo que retrasaría la reapertura hasta finales de 2026.

El debate revela una disputa entre la agenda migratoria del gobierno y la presión de los tribunales europeos, que buscan equilibrar la gestión fronteriza con la protección de los derechos humanos. Mientras tanto, los flujos migratorios que cruzan el Mediterráneo siguen incrementándose, con 23.000 llegadas registradas en los puertos italianos entre enero y mayo de 2026, según datos del INE.